Actores del sector salud están preocupados por lo que consideran la “postración” del sistema, tras dos años del Gobierno Petro

Al cumplirse dos años del actual Gobierno, bajo la presidencia de Gustavo Petro, los miembros del Pacto por una Mejor Salud, conformado por usuarios, pacientes, aseguradores, entidades prestadoras de servicios de salud, profesionales de salud, el sector farmacéutico y dirigentes del sector, escribieron una carta en la que ratificaron su preocupación por el actual sistema de salud, que en los últimos veinticuatro meses ha acrecentado los retos y las dificultades que ya enfrentaba desde un inicio.

De acuerdo con la misiva, “la atención a la población en general se sigue deteriorando como hemos advertido desde hace varios meses.” Esta afirmación se basa en un monitoreo del acceso a la prestación de los servicios, que ha demostrado el cierre de servicios en algunas clínicas e instituciones hospitalarias, así como una disminución de camas disponibles en unidades de cuidado intensivo y cuidados especializados.

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Según los actores del sector, se ha registrado un incremento del 17% en las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, entre el primer cuatrimestre de 2022 y el mismo período de 2023, y un aumento del 11% entre este último y el mismo cuatrimestre de 2024.

Además, destacan que el número de tutelas de salud ha crecido en más de un 40% al comparar esos mismos períodos, lo que refleja las dificultades de acceso a los servicios de salud. Uno de los principales asuntos que las concentran son el desabastecimiento de los medicamentos que, según señalan en la carta, “los pacientes venían recibiendo con regularidad no se ha podido corregir y se agrava”.

Adicionalmente, reportes de la Cuenta de Alto Costo (CAC) registran un crecimiento de pacientes que padecen enfermedades crónicas o graves, muy superior a cualquier tendencia que se haya presentado en el pasado.

En lo concerniente a la financiación, señalan que, a pesar de que los gremios de prestadores de servicios en salud han expresado su preocupación sobre el bajo recaudo y el aumento de la cartera y han solicitado al Gobierno estrategias efectivas de liquidez, “estas demandas no han sido atendidas”.

La problemática se agudiza con las intervenciones realizadas a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y las solicitudes de retiro de otras instituciones, que afectan a un total de 34 millones de afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud. Según los actores del sistema, “esas EPS mantienen un deterioro financiero creciente a marzo de 2024″.

El trasfondo de esta crisis se encuentra en la desfinanciación estructural del sector salud, atribuida al mal cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y a la financiación deficitaria de los presupuestos máximos para cubrir atenciones no pagadas con la UPC. Este problema, “originado por decisiones y cálculos incorrectos”, según explican en la carta, “afecta toda la cadena de valor del sistema de salud”.

Finalmente, un punto crucial que destacan los actores del sistema de salud es que el Gobierno nacional no ha cumplido plenamente con los Autos A2881 y A2882 de 2023, emitidos por la Corte Constitucional, los cuales ordenaban ponerse al día con los pagos a las EPS por deudas atrasadas de los años 2021 y 2022.

Además, en 2023 se materializaron nuevas deudas relacionadas con presupuestos máximos del Gobierno nacional a entidades del sector salud. A lo anterior se suma que, para final del año 2024, estiman un déficit de $2,3 billones por UPC, $2,7 billones por presupuestos máximos y $800.000 millones por siniestros SOAT.

Sobre la insistencia del Gobierno de radicar un nuevo proyecto de reforma a la salud, el Pacto por una Mejor Salud señaló que dicha iniciativa, “no solucionaba los retos que tiene nuestro sistema de salud, no estaba pensado en beneficiar a los usuarios y pacientes, se centraba en modificar funciones de unas entidades y en eliminar la protección individual del aseguramiento en salud y de otros avances adquiridos por la población colombiana en el goce efectivo del derecho a la salud.

Con duras críticas al Gobierno, los actores del sector salud indicaron que no han sido involucrados en discusiones para discutir cambios al sistema: “El Gobierno nacional ha mantenido su estrategia de conversar de manera segmentada con actores seleccionados, mientras la invitación que ha hecho a un amplio acuerdo nacional se mantiene más como un sofisma distractor en lugar de ser una genuina voluntad de inclusión democrática y participativa”.