Desmantelan minería ilegal operada por las Farc en el Pacífico caucano: extraían 4.000 gramos de oro por mes

La intervención de las Fuerzas Militares en la minería ilegal en el pacífico caucano resultó en una operación de gran envergadura que permitió descubrir dos unidades de producción minera operadas por disidencias de las Farc en el río López de Micay.

A lo largo de un despliegue ofensivo que involucró a la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y soldados del Batallón de Infantería Nº 56 del Ejército Nacional, se lograron desmantelar varias instalaciones mineras que extraían ilegalmente más de 4.000 gramos de oro cada mes, según informaron las autoridades.

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En la vereda San Antonio de Gurumendy los uniformados encontraron cuatro excavadoras, dos motores industriales y una draga, maquinaria valorada en aproximadamente $1.380 millones que pertenecía a las disidencias Carlos Patiño y Jaime Martínez. Según el reporte militar, esta operación no solo afecta las finanzas ilegales derivadas de la minería ilícita, sino que también limita las rentas mensuales obtenidas por la extracción y comercialización del oro, cuyo valor se estima en $1.200 millones en el mercado ilegal.

La intervención militar también buscaba mitigar el impacto ambiental, señalaron las autoridades. La explotación minera dejó una huella de deforestación significativa en un área de 10 hectáreas, donde más de 6.000 árboles fueron talados indiscriminadamente. El proceso de recuperación ambiental es largo, y los expertos estiman que tomaría entre 20 y 30 años restaurar la cobertura vegetal de la región.

“El objetivo es no solo desmantelar las operaciones ilegales, sino también proteger nuestros recursos naturales y impedir la invasión en áreas de especial importancia ecológica,” afirmaron desde la institución castrense. Las tropas permanecerán en el sector para evitar nuevas actividades de minería ilegal y la contaminación ambiental que estas conllevan.

La deforestación y la contaminación de ríos y suelos debido al uso de maquinaria pesada y productos químicos como el mercurio son una preocupación constante en la región. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible advirtió sobre los graves daños ecológicos que la minería a cielo abierto está provocando en diversos ecosistemas del país.

Cabe destacar que la reciente operación militar se enmarca en el Plan Amazonía, una estrategia del Gobierno colombiano orientada a la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente. Este plan también busca cortar las rentas ilícitas derivadas de la minería ilegal, que no solo afectan la economía legal del país, sino que también financian grupos armados ilegales.

Junto a la maquinaria, las autoridades encontraron elementos que dan cuenta del volumen de operaciones mineras ilegales en la zona, lo que sugiere una organización logística y económica compleja detrás de estas actividades. “Las disidencias han encontrado en la minería ilegal una fuente significativa de ingresos que financia otras actividades delictivas”, explicaron desde el Ejército.

Aunque esta intervención es un paso crucial, las autoridades reconocen que la complejidad del problema requiere de soluciones integrales que incluyan aspectos sociales, económicos y legales. Por su parte, el Ministerio de Defensa en diferentes ocasiones ha señalado la importancia de fortalecer la acción coordinada entre diversas instituciones del Estado y la cooperación internacional para erradicar este flagelo.

Impacto de la minería ilegal en Colombia

El impacto social de la minería ilegal también es significativo. Comunidades enteras se ven afectadas por la violencia, la explotación laboral y la presencia de grupos armados que controlan las áreas mineras. La Defensoría del Pueblo emitió diversas alertas tempranas sobre la vulnerabilidad de la población y la necesidad de implementar proyectos de desarrollo sostenible que ofrezcan alternativas económicas a estas comunidades.

En palabras de un analista ambiental consultado por El Espectador, “esta intervención es un rayo de esperanza, pero es fundamental que se acompañe de procesos de recuperación ambiental y de políticas públicas que favorezcan a las comunidades locales, ofreciendo alternativas de ingreso que no dependan de actividades ilícitas.”