Piden no tomar represalias contra militares que detuvieron comitiva de la UNP en la que viajaban disidentes

El 23 de julio se registró un nuevo escándalo en Colombia, esto luego de que una comitiva de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fuera detenida por miembros del Ejército Nacional, los cuales descubrieron que en los vehículos oficiales viajaban disidentes del Estado Mayor Central (EMC).

Entre los guerrilleros se encontraban varios que forman parte del quinto ciclo de diálogos con el Gobierno nacional, como alias Calarcá, pero también había quienes no tenían autorización para ser movilizados en las camionetas de la UNP y algunos con órdenes de captura vigentes.

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Sumado a esto, en los vehículos se encontraron armas, oro y más de 100 millones de pesos en efectivo, por lo que, tras ser movilizados al batallón Pedro Nel Ospina de Bello, Antioquia, se registró la captura de siete personas, incluyendo tres cabecillas de frentes del EMC.

A pesar de esto, tres de ellos ya fueron dejados en libertad por la Fiscalía General de la Nación, y solo Henry Ledesma Carrillo, alias Hermes Boyaco, ha sido imputado por la entidad. Mientras tanto, se han revelado múltiples aspectos desconocidos del operativo, como que un menor de edad que había sido reclutado por el grupo guerrillero también viajaba en los vehículos de la UNP.

Sumado a esto, luego de que se registrara la captura de los disidentes, alias Andrey Avendaño, jefe negociador del EMC, afirmó que la responsabilidad de estos hechos habían sido del Gobierno nacional, asegurando que ellos habían solicitado levantar las órdenes de captura de varios de los detenidos para que se unieran a la comitiva del quinto ciclo de diálogos.

De la misma forma, destacó que alias Calarcá y los demás disidentes que no tienen orden de captura en su contra supuestamente habían sido víctimas de una “emboscada”.

Ante esta situación y debido a los rumores sobre posibles fracturas en las negociaciones de paz, desde la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas solicitaron al Gobierno nacional y el Ministerio de Defensa que no se registre ningún tipo de represalia contra los soldados que detuvieron la comitiva de la UNP.

La solicitud fue encabezada por el presidente de la comisión, Andrés Montoya, el cual afirmó que estarán al tanto de lo que se registre respecto a esta situación y la de los soldados implicados.

“En conversaciones que hemos tenido con algunos de los militares acá en el país hemos sentido la percepción de susto cuando ellos actúan; más que todo queremos entregar un parte de tranquilidad a los uniformados y a todos los colombianos de que aquí está la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos vigilante y atenta para tratar de acabar la polarización que está viviendo el país”, expresó Montoya.

De la misma forma, detallaron que la detención de los vehículos se registró en un retén que cumplía con los parámetros regulares y que los soldados cumplieron con su deber de velar por la protección de las personas en la zona durante el tiempo que se llevó a cabo el traslado hasta el batallón en Bello.

Por último, indican que se trata de un momento en el que el Gobierno nacional debe proteger la institucionalidad y, con ello, el accionar de las Fuerzas Militares. Este mensaje ha sido compartido por varias figuras políticas desde que se registró el escándalo, el cual ha generado rechazo debido a la libertad que tendrían los disidentes en la actualidad.

“Hoy por hoy, más que nunca, la institucionalidad necesita el apoyo y nosotros como Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas estamos obrando para que se cumpla ley nacional e internacional y que se respeten los derechos”, puntualizó el presidente de la comisión.