Taxistas querían dejar sin internet las aplicaciones de transporte, pero juzgado negó la tutela

El Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá denegó una acción de tutela presentada por Comunicación Tech y Transporte (Cotech), empresa proveedora de Taxis Libres, que buscaba restringir el acceso a internet a las aplicaciones de transporte Cabify, DiDi, Indriver y Uber.

La empresa de taxis demandó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y al Ministerio de Transporte, solicitando que se prohibiera a proveedores de internet como Claro, WOM, Movistar y Tigo, entre otros, prestar servicios de conectividad a dichas plataformas.

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Los accionantes argumentaron que estas aplicaciones promueven y prestan de manera ilegal el servicio de transporte de pasajeros en vehículos particulares, afectando su actividad empresarial.

Cotech planteó que estas plataformas tecnológicas no cumplen con las exigencias reguladas por el gobierno nacional, lo que incrementa el número de vehículos en circulación, generando un impacto ambiental negativo.

Además, la falta de regulación sobre las tarifas pone en desventaja a las empresas legalmente constituidas que sí cumplen con las normas establecidas.

Sin embargo, el Juzgado determinó que no se justificó ninguna afectación a derechos fundamentales por parte del demandante. En su fallo, el juez explicó que “no se acreditó, si quiera de manera sumaria, la ocurrencia de un perjuicio irremediable que permita afirmar la necesidad de la intervención del juez constitucional”. Añadió que las manifestaciones de Cotech eran mayoritariamente simples apreciaciones sin sustento sólido.

El fallo se produce en un entorno de tensiones entre los taxistas y las plataformas digitales de transporte en Bogotá. Este mismo día (23 de julio), los taxistas levantaron un paro que había bloqueado diferentes puntos de la ciudad, causando un notable caos en la movilidad. El alcalde Carlos Fernando Galán ha estado en mesas de diálogo con los líderes del gremio para buscar una salida al conflicto.

Maximobility S.A.S (Cabify) e Indriver defendieron la legalidad de sus operaciones, argumentando que cumplen con la legislación vigente, según lo establecido en la Ley 1450 de 2011. Por su parte, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones también sostuvo que la acción de tutela era improcedente debido a la necesidad de agotar los mecanismos disponibles para debatir el asunto.

En cuanto a la administración de justicia, el juez destacó que “no se expusieron los argumentos por los cuales se afecta el derecho fundamental a la administración de justicia que alega el demandante”. Esta decisión se interpreta como una reafirmación de que el proceso judicial no es el foro adecuado para resolver disputas comerciales entre competidores, especialmente cuando no se evidencia un daño fundamental a los derechos del demandante.

Estas decisiones judiciales resaltan las continuas tensiones y disputas legales sobre la operación de aplicaciones de movilidad en Colombia. A pesar de las múltiples controversias, las aplicaciones tecnológicas siguen siendo una alternativa popular para muchos ciudadanos que buscan opciones de transporte.

El debate sobre la legalidad y regulación de las aplicaciones de transporte en el país sigue siendo un tema vigente. Las aplicaciones son legales, pero la prestación del servicio de transporte por vehículos particulares sigue siendo un área gris en la legislación actual. La regulación continúa a medias, permitiendo el funcionamiento de las plataformas pero restringiendo los viajes en vehículos particulares.

Además de la disputa en curso con las plataformas de transporte, los líderes del gremio de taxistas denunciaron la intimidación que, según ellos, reciben por parte de un grupo de motociclistas dedicados al transporte informal. Hugo Ospina, líder de los taxistas, declaró que “hay un grupo de ‘picapminosos’ (grupo de moteros dedicados al transporte y mensajería por aplicación) que creó un grupo de autodefensas para maltratar y humillar a nuestros oficiales”.

Esta situación refleja el complejo panorama del transporte en Colombia, donde las soluciones tecnológicas y el transporte tradicional siguen en tensión. El fallo del Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá es un hito más en esta disputa, destacando la necesidad de una regulación clara y equitativa para todos los actores involucrados en el sector del transporte de pasajeros.