
A medida que pasan las horas se conocen más detalles de la caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se movilizaba por las vías de Antioquia y en la que iban miembros del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc; en un hecho que fue denunciado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y que derivó, finalmente, en la captura de varios de sus integrantes.
Ante la serie de irregularidades que se habrían denotado en este hecho, del que se supo que había autorización por parte del Gobierno nacional para movilizar solo a los miembros del equipo negociador de esta estructura subversiva, como Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, comandante del bloque Magdalena Medio del EMC, las reacciones de los sectores opositores no se hicieron esperar.
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Dos de ellas fueron la de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, que tendría aspiraciones presidenciales de cara al 2026, y el abogado y político José Obdulio Gaviria, considerado uno de los ideólogos de esta vertiente política, que a través de las redes sociales se manifestaron con una serie de inquietudes que alimentaron la controversia sobre cuál era el punto de origen de la movilización.

Sobre todo cuando el jefe de la representación del Gobierno nacional en la mesa de negociación, Camilo González Posso, indicó que la misma se dirigía desde el Catatumbo hacia los Llanos Orientales, en específico a la zona del Yarí, en Caquetá, como parte de las actividades acordadas al término del quinto ciclo de negociaciones entre las partes; al margen de las estructuras que comanda Iván Mordisco, que se apartaron del diálogo.
“La caravana que fue detenida para una inspección venía desplazándose de una reunión de comandantes después del ciclo quinto a una reunión en el Yarí que tenemos para el día de mañana (miércoles) de transformaciones territoriales”, indicó González Posso en su pronunciamiento, con el que le salió al paso a la controversia que parecía enlodar el proceso de paz en curso.
“Se nos ha informado de la detención de uno de los frentes, alias Firu, quien tiene su suspensión de orden de captura en trámite, esta es una situación irregular y se ha procedido de acuerdo a la ley”, agregó el jefe negociador, en relación con el caso que desató mayor controversia: el de Édgar de Jesús Orrego Arango, comandante del frente 36 de las disidencias, junto a su compañera sentimental, alias Érika.
Paloma Valencia y José Obdulio Gaviria y los interrogantes que dan pie a la polémica
El primero en pronunciarse fue Gaviria, que en su perfil de X se refirió al suceso y lo relacionó casi de inmediato con la proximidad de los comicios electorales en Venezuela, al definir que este país era el punto desde el cual se movilizaron los insurgentes que fueron detenidos por soldados de la IV Brigada del Ejército, en el sector de Donmatías. Esta teoría, como se esperaba, tuvo reacciones.
“La delegación de las Farc capturada por las fuerzas armadas en Antioquia, ¿adelantaba contactos de ‘Estado a Estado’ en Venezuela? ¿Firu y sus delgados se reunieron con algún jerarca en Venezuela? Semejante conclave debe ser analizado por los venezolanos. ¿Está en peligro la integridad de María Corina y Edmundo?”, se cuestionó el estratega político tras conocerse este suceso.

E hizo duras denuncias, tras la réplica de las declaraciones del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, “Si la UNP entrega siete camionetas blindadas a un grupo criminal, qué es, en criterio del ministro, ‘uso indebido’. Esa gente nunca ha tenido límites. Para ellos todo crimen es un paso que los acerca a la revolución. Si tiene dudas, ministro, lea Una vida, muchas vidas, escrito por el propio Petro”.
A su vez, Valencia también hizo saber su indignación ante este hecho y en respuesta al pronunciamiento del jefe de la delegación del Gobierno hizo duros señalamientos, en lo que respecta al accionar criminal de esta organización. Palabras que irían en el mismo sentido del gobernador Rendón, que criticó cómo hay alcaldes de su departamento amenazados, que no cuentan con seguridad de la UNP; mientras que los recursos se destinan para este fin.
“Realmente espeluznante: mientras las disidencias asesinan y reclutan niños; el Gobierno autoriza que los terroristas se movilicen con los dineros de los colombianos violentando la ley. ¿Cooperan con el terrorismo?”, comentó Valencia, que horas antes, por la misma vía, había compartido en sus redes sociales el prontuario de alias Firu, de 34 años y que juega un papel clave en las disidencias.

Y vinculó a “Firu” con un hecho contra los derechos humanos. “El Gobierno no puede autorizar nada por fuera de la ley. Son terroristas armados. Responsable del asesinato de seis soldados hace unos pocos días. Preguntas: ¿es verdad que llevaban cerca de 60 millones en efectivo y oro en un solo carro? ¿Es verdad que venían de Venezuela? ¿Si estaban en Venezuela, qué hacían allá en vísperas electorales?”, dijo.
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