
Las declaraciones del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López, en relación con lo que sería la presunta entrega de contratos de la entidad para favorecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que amenazó con levantarse de la mesa de negociación si no se buscaban otros mecanismos de financiación para sus hombres, continúan generando fuertes reacciones.
“Ellos emitieron un comunicado en el que volvían a los secuestros porque no les han garantizado la manutención de los hombres en los acuerdos de paz. ¿Y cómo lo iban a garantizar? Con contratos”, dijo el exfuncionario en la declaración entregada el 25 de junio, cuando compareció ante la Corte Suprema como testigo en el proceso contra Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
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Al respecto, se pronunció José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), que en su condición de miembro de la delegación del Gobierno que negocia con el grupo armado ilegal pidió al presidente de la República, Gustavo Petro, que suspenda la participación en la mesa de negociación, hasta tanto no se aclare si, en efecto, el ELN está siendo beneficiado.

José Félix Lafaurie y su urgente llamado a Gustavo Petro
En su más reciente columna de opinión, que denominó La corrupción y la paz posible, Lafaurie indicó que ante las sospechas que existen por lo manifestado por el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, hay que tomar medidas que garanticen que el proceso de paz se adelante sin tacha sobre su legitimidad; y una de ellas sería la de esperar el desenlace de estas denuncias.
“Hoy el asunto está en manos de la justicia y, como todos los colombianos, espero la investigación rigurosa de la Fiscalía y, en su momento, el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia con la oportunidad que el país reclama”, indicó Lafaurie en su escrito, que difiere de la postura del senador Iván Cepeda Castro, que rechazó las afirmaciones de López y defender la honorabilidad de las tratativas.
Para el dirigente gremial, así como el ELN congeló unilateralmente los diálogos desde febrero, por su rechazo al diálogo regional en Nariño, “hoy es el Gobierno quien debe hacerlo hasta que se aclare el presunto desvío de dineros en Arauca”. Esto, debido a las acusaciones sobre el presunto direccionamiento de recursos a Saravena, por $34.000 millones, en un asunto que salpica a la representante Karen Manrique.

La intención, con ello, es que los diálogos, que están estancados tras el sexto ciclo efectuado en Cuba, puedan proseguir sin prevención alguna, “pues la sombra de la corrupción oscurece el camino de la paz, que merece iluminarse de credibilidad y confianza”. Y sobre Manrique, parlamentaria de Arauca por la circunscripción de paz, afirmó que es grave que esté involucrada en este caso de corrupción.
“Grave sí, que el escándalo vincule a Karen Manrique, parlamentaria de Arauca por una de las curules de paz, por el presunto desvío de recursos hacia el ELN, a partir de la gestión interesada de millonarios recursos de la Ungrd (...) Gravísimo, pues ella representa ¡a las víctimas! en una región todavía victimizada por el Eln, y se trata de recursos para un municipio, Saravena, sometido a su control territorial”, acotó.
Y recordó cómo en este departamento, que según él sigue sometido al control territorial de esta organización, en específico por el frente Domingo Laín, el ELN tiene injerencia en la elección de alcaldes. Todo, en su concepto, por el tema de la contratación local, en el que juega un rol trascendental los conceptos por regalías o “partidas gestionadas”, provenientes de entidades como la Ungrd.
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