Tres importantes figuras del Gobierno Petro han sido comprometidas en un entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Las pruebas incluyen chats, documentos e interrogatorios, y más de un billón de pesos está en juego en este escándalo. Pese a que los implicados, incluidos congresistas, ministros y asesores, aseguran su inocencia, las evidencias presentadas por Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, indican todo lo contrario y desmienten la presunta inocencia de los implicados, según lo dio a conocer Semana.
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Uno de los documentos más relevantes es un manuscrito atribuido a la representante Karen Manrique, que menciona a congresistas vinculados con la Comisión de Crédito Público del Congreso en supuestas transacciones para la compra de votos.
Los congresistas Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Karen Manrique son ahora objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía, según reporta la Corte Suprema de Justicia. Estos congresistas estarían implicados en el intercambio de votos por contratos, con proyectos valorados en 92.000 millones de pesos. Los registros de visitas frecuentes de Manrique y Gustavo González a la Ungrd coinciden con fechas críticas de estos acuerdos sospechosos.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, y el exdirector de Dapre, Carlos Ramón González, también son mencionados en las declaraciones de López, que indicó que las reuniones en la Casa de Nariño comenzaron el 27 de septiembre y se centraron en asegurar votos para créditos vitales.
Pruebas adicionales incluyen una libreta con notas de Manrique y López confirmando los acuerdos y chats que demuestran presiones para cumplir compromisos tras el retorno de López a su cargo en enero después de una suspensión. Jaime Ramírez Cobo aparece como intermediario entre Velasco y González con el Congreso y actualmente trabaja con Laura Sarabia.
El caso tiene también implicaciones de seguridad, con contratos potencialmente vinculados a finanzas no oficiales para grupos armados como el ELN en Arauca. Olmedo López detalló que los proyectos en estas zonas solo prosperaban con la aprobación de este grupo guerrillero.
La Fiscalía ha tardado más de seis meses en avanzar en las imputaciones, mientras algunos implicados solicitan medidas de seguridad debido a amenazas. La representante Martha Peralta Epieyú del Pacto Histórico también está bajo escrutinio por sus visitas a la Ungrd y proyectos inflados en La Guajira.
Olmedo López, exdirector de la Ungrd, propone acuerdo con la Fiscalía
Olmedo López, antiguo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ha propuesto devolver $1.000 millones al Estado colombiano y cumplir una pena de 70 meses en una guarnición militar.
Su oferta busca cooperar en la investigación sobre un entramado de corrupción en dicha entidad. López ha entregado una matriz de colaboración que incluye nombres de 17 altos funcionarios, entre ellos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Además, ha proporcionado detalles sobre reuniones y contratos irregulares en varios departamentos.
López se suma a la petición de Sneyder Pinilla, ex subdirector de manejo de desastres de la Ungrd, que aceptó una pena de cinco años de cárcel y la devolución de $292 millones.
Las investigaciones del reciente escándalo de corrupción en la Ungrd han sacado a la luz con tratos fraudulentos y presuntos sobornos significativos. Según López, las cifras desviadas podrían sumar hasta $180.000 millones en contratos fraudulentos y $200.000 millones en sobornos a lo largo del año.
La Fiscalía ha programado las primeras audiencias de imputación y solicitud de medidas de aseguramiento para el jueves 25 de julio, contra Sneyder Pinilla, Olmedo López y Luis Eduardo López Rosero. La cooperación de López es considerada crucial para calcular el alcance del escándalo. La investigación ha revelado la posible implicación de nueve congresistas, como informó la Fiscalía.
Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, serían algunos de los que habrían recibido sobornos, según Pinilla. Estos presuntos pagos provinieron de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua a La Guajira. López también señaló al presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Wadith Manzur, como otro beneficiario del contrato. Otros seis congresistas serán investigados por la Corte Suprema de Justicia.
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