Olmedo López terminó de enlodar a ministro de Hacienda de Petro: así lo acusó de redireccionar contratos en la Ungrd

Aunque la defensa de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ya había deslizado a los medios la supuesta participación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el entramado corrupto al interior de esta dependencia, solo hasta el martes 16 de julio se conoció, en detalle, la gravedad de las denuncias hechas por el exfuncionario nombrado por Gustavo Petro.

Un informe de Noticias Caracol, que recopiló la declaración entregada por el extitular de la entidad el 25 de junio ante la Corte Suprema de Justicia, en la que confrontó al representante a la Cámara Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones de la corporación, López se refirió al papel que habría protagonizado Bonilla en este megaescándalo; al que acusó de redireccionar jugosos contratos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Es una cadena que va desde lo más alto, que es la orden de un ministro, hasta pasar por un alcalde o el contratista que iba a ejecutar la obra”, adelantó en su comparecencia López ante los magistrados, con lo que anticipó lo que eran, en su concepto, las implicaciones de las actuaciones de Bonilla; al que acusó de comprar votos en el Congreso de la República a cambio de contratos a un grupo de congresistas.

El exfuncionario fue enfático en afirmar que recibió instrucciones de altos funcionarios del Gobierno, en especial Bonilla, aunque también relacionó al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, y al hoy titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), de amañar proyectos de la Ungrd para complacer a una serie de parlamentarios de diferentes regiones del territorio patrio.

Ricardo Bonilla, enlodado por las duras acusaciones de Olmedo López

Según López, fue Bonilla el que le pidió entregar a dedo contratos para asegurar respaldos en el Congreso a las iniciativas de su dependencia o del Gobierno nacional. Incluso, habló de la celebración de un cónclave que fue vital para ese propósito: el efectuado el 27 de noviembre de 2023 en las instalaciones de la Casa de Nariño, aunque en ocasiones anteriores ha sacado en limpio al presidente Gustavo Petro.

“Entregas de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera. Pero es a congresistas, no a ciudadanos”, afirmó López en declaraciones que fueron recopiladas por el citado medio de comunicación, que destapó lo que sería la “olla podrida” de la Unidad para la Gestión del Riesgo.

Del mismo modo, señaló a Bonilla de darle el visto bueno a la adición presupuestal de 208.000 millones en la Ungrd, que fue aprobada en el Legislativo 10 de julio de 2023; tres meses antes de las elecciones regionales en Colombia, y cuando el ministro ya había aterrizado en el cargo en reemplazo de José Antonio Ocampo. Un botín que habría sido repartido entre los aliados del Gobierno para sacarla adelante.

En sus afirmaciones, López habló del senador Juan Diego Echavarría, que radicó la proposición, y el apoyo de al menos 20 congresistas, entre ellos están Liliana Esther Bitar, Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y Juan Pablo Gallo. Asimismo, aclaró que no solo Bonilla le impartía órdenes, “sino que fueron varios”, y que se diseñó toda una estrategia para entregar más de $92.000 millones.

Represalias contra congresistas del Pacto Histórico que no mostraran compromiso

Incluso, Olmedo López también mencionó que recibió instrucciones de no atender más a los miembros de la bancada del Pacto Histórico que no estuvieran alineados 100% con el Ejecutivo. Indicó que recibió la orden de “cerrarle la puerta” a los parlamentarios que no votaran las iniciativas impulsadas por el gabinete de Petro, a manera de castigo.

“El reporte de uno de los negociadores con esos congresistas, de cuáles congresistas del Pacto Histórico no estaban yendo o no estaban votando para que les cerráramos las puertas y no los volviéramos a atender. Y también hace parte de los soportes que están en la Fiscalía General de la Nación del mensaje dirigido. Estos son los nombres de los que no llegaron a votar. Estos son los del Pacto”, confesó.

López, según se constató en el reportaje de Noticias Caracol, contó cómo a través de una lista allegada a su oficina, se definía cuáles eran los senadores y representantes que no serían atendidos por su reticencia. Pero también para definir en reuniones a quiénes se le darían los contratos para lograr mayorías y asegurar respaldos en cada una de las iniciativas en curso.

También mencionó un segundo cónclave, el 15 de diciembre de 2023, efectuado en la oficina de Bonilla, con la presencia de la asesora del ministro de Hacienda María Alejandra Benavides, que asistió en por lo menos 16 ocasiones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, entre julio y octubre de 2023.

Otra de las integrantes del Legislativo que tendría especial participación es Karen Manrique, oriunda de Arauca y que hace parte de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). A López le llamó la atención cómo en esa última reunión le pidieron coordinar la entrega de los tres contratos por más de $92.000 millones para obras de la entidad en algunos municipios del país; como Carmen de Bolívar, en Bolívar ($11.700 millones); Saravena, ubicado en Arauca ($34.000 millones), y Cotorra, en Córdoba ($46.000 millones).

Y luego, al parecer, Manrique preguntó por los mismos proyectos y los mismos montos, en las cerca de ocho visitas a su despacho, entre septiembre de 2023 y febrero de 2024. Ella es la misma congresista que vinculan al trámite de algunas asignaciones que buscarían beneficiar a las estructuras armadas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), como lo indicó el propio exdirector en sus declaraciones.

Además, reveló que se comunicaban al interior de su oficina de forma escrita, con el fin de evitar interceptaciones; así como indicaron pasaba con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) durante la administración de Pierre García, en el mandato de Iván Duque Márquez. Otros parlamentarios mencionados serían Julián Peinado y Juan Diego Gómez, a los que la Corte Suprema también investigaría.