Tres programas de paz con 0% de ejecución en el presupuesto del Gobierno: ¿de cuáles se trata?

La ejecución presupuestal se convirtió en una de las principales preocupaciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro, reconocida tanto por él mismo como por diversos análisis externos. A pesar de que la promoción de la Paz Total es una bandera central de su administración, la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en Cuba, en 2016, durante la administración de Juan Manuel Santo, enfrenta serias dificultades, especialmente en lo referente a la ejecución de los fondos destinados para estos fines.

Según información revelada por el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda y reportada por el diario El Tiempo, existen tres proyectos específicos del presupuesto de inversión de la Casa de Nariño, destinados a contribuir a la terminación del conflicto armado, que actualmente muestran una ejecución del 0%.

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Detalles de los programas con 0% de ejecución:

1. Apoyo a la gestión financiera para el desarrollo de programas y proyectos para la implementación del acuerdo: este programa cuenta con una asignación presupuestal de $107.063 millones; sin embargo, de acuerdo con los datos disponibles, tanto los recursos comprometidos como los ejecutados hasta la fecha se encuentran en cero.
2. Programas para la erradicación de minas: en medio de las acciones promovidas desde el Plan Nacional de Desarrollo para el desescalamiento de la violencia, la Presidencia de la República destinó $7.395 millones. A pesar de esta asignación, no se registró ninguna ejecución de estos fondos según los registros disponibles.
3. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet): destinados a los 170 municipios más afectados por el conflicto armado, estos programas tienen como objetivo promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica en estas zonas. El presupuesto asignado para estos fines fue de $49.634 millones. Al igual que en los casos anteriores, la ejecución de estos fondos muestra un 0%.

Las falencias en la ejecución presupuestal generaron múltiples llamados de atención por parte del presidente Gustavo Petro hacia su gabinete. Este problema fue reconocido públicamente como uno de los principales desafíos de su administración, y se espera que el anunciado remezón ministerial, en conmemoración de los dos años de su mandato, tenga como objetivo principal reestructurar aquellas entidades y carteras que mostraron los resultados más bajos en términos de ejecución de recursos.

Canciller solicitará incrementar los plazos para implementar Acuerdo de Paz

Gustavo Petro se prepara para presentar un informe crucial ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el jueves 11 de julio. En dicho documento, destacará las significativas dificultades encontradas en la implementación del histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano de entonces, liderado por Juan Manuel Santos, y la extinta guerrilla de las Farc, que se transformó en el partido político Comunes.

El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, destacó en una declaración sobre el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU, que el presidente Petro expondrá en la sede de la ONU en Nueva York la insuficiencia del tiempo pactado originalmente para cumplir con todos los compromisos adquiridos en La Habana, Cuba.

Teniendo en cuenta que, el acuerdo, firmado el 24 de noviembre de 2016 en el teatro Colón de Bogotá, inicialmente estableció un tiempo de implementación de 15 años.

“Es evidente que no lograremos cumplir con los términos del acuerdo en los 15 años establecidos en el plan marco de implementación. Es probable que se necesite una extensión del plazo, además de la eliminación de barreras estructurales que obstaculizan su cumplimiento. Estas barreras incluyen restricciones presupuestales, obstáculos jurídicos y legales, así como problemas institucionales”, afirmó el canciller Murillo.

El ministro Murillo también reveló que el Gobierno colombiano presentará varias propuestas ante el Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellas la extensión del plazo de implementación del acuerdo por cinco años adicionales.