La JEP exigió al Gobierno nacional y a la UNP reforzar la seguridad de sus funcionarios en las regiones

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exigió al Gobierno nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que fortalezcan las garantías de seguridad para sus funcionarios en las regiones. El llamado se produjo después de la retención de la abogada Sandra Mónica Herrera Gaviria y de los dos escoltas que integraban su esquema de protección en una vía rural de Páez, Cauca.

La entidad sostuvo que la presencia de magistrados, defensores y equipos técnicos en los territorios resulta necesaria para atender a las víctimas, realizar diligencias y acompañar a los comparecientes. A la vez, advirtió que esas labores no pueden exponer a los funcionarios a hechos de violencia.

En un comunicado divulgado el 20 de septiembre, la JEP solicitó una revisión inmediata de los dispositivos de seguridad asignados a las personas que trabajan para la jurisdicción fuera de las principales ciudades. El pronunciamiento incluyó un pedido directo al Ejecutivo para que adopte medidas que permitan sostener el funcionamiento de la justicia transicional en las zonas donde persisten riesgos de seguridad.

La JEP pidió revisar los esquemas de seguridad en las regiones

La JEP afirmó que la protección de sus funcionarios en los territorios requiere una revisión inmediata. “Estar en los territorios para escuchar a las víctimas, realizar diligencias e intervenir con comparecientes no puede significar poner en riesgo la vida de los equipos legales ni de la magistratura”, señaló la entidad.

El reclamo se dirigió al Gobierno nacional y a la UNP, organismo que asigna y administra los esquemas de protección para personas expuestas a amenazas. La JEP indicó que la abogada Herrera había denunciado intimidaciones previas y que, por solicitud de la magistratura, recibió un esquema de protección el 6 de mayo de 2026.

La defensora representa a comparecientes de las antiguas Farc-EP ante la jurisdicción y trabaja mediante un convenio institucional con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad). La justicia transicional rechazó que esa modalidad contractual pueda usarse para minimizar su vínculo con el sistema de justicia transicional.

Hombres armados interceptaron una camioneta blindada cerca de Páez

El hecho ocurrió en el sector conocido como cruce de Itaibe, en el municipio de Páez, Cauca. Herrera viajaba hacia La Plata, Huila, para cumplir labores de representación legal. También tenía previsto atender a comparecientes en Florencia, Caquetá.

De acuerdo con el comunicado, hombres armados con fusiles y pistolas interceptaron el vehículo blindado de la UNP en una vía destapada. Los atacantes encañonaron a la abogada y a sus dos escoltas, que permanecieron bajo coacción durante cerca de 40 minutos.

La JEP sostuvo que la retención de las tres personas constituyó un secuestro, pese a que posteriormente recuperaron la libertad. La institución fundamentó esa calificación en que los ocupantes del vehículo no pudieron moverse libremente y estuvieron sometidos a la fuerza por parte de los hombres armados.

Tras la retención, los agresores se llevaron la camioneta blindada, las armas de dotación, los proveedores y los chalecos balísticos. La entidad indicó que la abogada y los escoltas quedaron incomunicados en el lugar.

La JEP interpretó el asalto como un acto de intimidación contra el ejercicio de la defensa judicial en las zonas donde desarrolla sus actividades. También expresó su rechazo a cualquier intento de restar gravedad al caso o de desligar a Herrera de la justicia transicional por trabajar a través de un convenio con Fupad.

En un mensaje divulgado en X, la jurisdicción resumió su posición frente a lo ocurrido: “Estos son los riesgos que enfrenta la JEP por su presencia en los territorios”. La institución insistió en que la seguridad de quienes cumplen labores de defensa, acompañamiento técnico y administración de justicia debe ser garantizada por las autoridades.