La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó a la Sierra Nevada de Santa Marta y a los pueblos indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, como víctimas del conflicto armado en Colombia.
La Sala de Reconocimiento de Verdad les reconoció su calidad de sujetos colectivos de derechos en el caso que investiga los crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos. Esta acreditación hace parte del proceso judicial que adelanta la JEP en la Sierra Nevada de Santa Marta y algunos municipios de la Serranía del Perijá.
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La decisión tomó en cuenta las solicitudes presentadas por los cuatro pueblos indígenas y la información presentada sobre los “hechos victimizantes y los daños graves, diferenciados y desproporcionados sufridos durante el conflicto armado”, según indicó el tribunal de paz. En los informes se expuso la violencia ejecutada a través de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y confinamientos, despojos, torturas, violencia sexual y basada en género, profanación de sitios sagrados y destrucción del territorio y la naturaleza, entre otras conductas; cometidas en contra sus líderes, lideresas, autoridades tradicionales, estructuras organizativas, mujeres y niñas y el territorio, “poniendo de manifiesto el impacto en los planes de vida individuales y colectivos y en su existencia física, cultural y espiritual”.
La acreditación también responde al impacto diferenciado de la violencia ejercida en el marco del conflicto armado contra las mujeres indígenas de los pueblos de la Sierra Nevada, reconociendo que, “son la base fundamental del territorio y la representación de la ‘Madre Tierra’ y que, a través de sus saberes y conocimientos cumplen un rol fundamental —político, cultural y espiritual —, que les permite ser las guías y consolidar y mantener la integridad de sus Pueblos en unidad, autonomía y resistencia”.
Sumado a lo anterior, esta decisión consideró lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ley 4633 de 2011, en el que se reconoció que, “para los pueblos indígenas, el territorio es víctima, teniendo en cuenta su cosmovisión y el vínculo especial y colectivo que los une con la madre tierra”.
En este sentido, la JEP consideró que los planes de vida de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta contienen elementos clave para asegurar la protección de sus derechos a la autodeterminación, autonomía, territorio, gobierno propio y unidad. Al respecto, recordó que la Unesco reconoció en 2022 el sistema de conocimientos ancestrales de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada, inscribiéndolo en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
La Sala también consideró el reconocimiento de los espacios sagrados de la Línea Negra de la Sierra Nevada dispuesto en las Resoluciones 02 de 1973 y 837 de 1995 del Ministerio del Interior y del Decreto 1500 de 2018, por medio del cual se “redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kággaba, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen y la Ley 21 de 1991″.
Con la decisión de acreditación se materializan los derechos de participación que tienen las víctimas ante la JEP y los principios de pluralismo jurídico y diversidad étnica y cultural. Como intervinientes especiales, los cuatro pueblos indígenas y el territorio, a través de sus autoridades tradicionales y sus procesos organizativos, podrán posicionar su voz en el proceso judicial, exponer sus demandas de verdad y reparación y contribuir al esclarecimiento de la verdad.
El caso 09 que investiga la JEP fue priorizado por la Sala de Reconocimiento de Verdad el 7 de septiembre de 2022 y avanza sobre cuatro territorios en concentración: Sierra Nevada y zonas de influencia; Amazonía y Orinoquía; Chocó; y, Buenaventura, Dagua y Pacífico Medio.
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