
El asesinato de seis militares perpetrado el 4 de julio de 2024 en la vereda La Coposa, ubicada en zona rural del municipio de Valdivia (Antioquia), por cuenta de la activación de un campo minado, ha generado indignación debido a que tanto las disidencias de las Farc como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) serían las culpables de lo ocurrido. Estos grupos armados están llevando a cabo meses de diálogo de paz con el Gobierno nacional y han violado el cese al fuego en varias ocasiones.
En ese sentido, el jefe de la delegación de Gobierno en el proceso de paz que se adelanta con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias, Camilo González Posso, se pronunció al respecto, señalando directamente a las estructuras armadas, que instalaron el campo minado en una zona de disputa entre ellas.
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“Lo ocurrido en Valdivia es un homicidio colectivo, una masacre, de responsabilidad del Estado Mayor Central y del ELN (una unidad combinada) que accionaron de manera automática un cordón de minas, causando esta situación tan dolorosa para las familias, para el país, para las Fuerzas Militares”, aseveró el funcionario a través de un video compartido por La FM.

En ese sentido, informó que desde la delegación del Gobierno nacional rechazan y condenan las actuaciones de los grupos armados, que dejaron otros cuatro soldados heridos, y expresan su solidaridad con los familiares de las víctimas. No obstante, debido al ataque, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó poner en consideración los hechos y catalogarlos como un evidente incumplimiento a la prórroga del cese al fuego establecido con el EMC de las disidencias de las Farc.
El mandatario departamental hizo la petición por medio de una carta enviada al teniente coronel Alirio Gutiérrez Jaimes, director de la Dirección de Verificación e Implementación Norte de la Fuerza Aérea Colombiana, con copia a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
Además, informó cómo se llevó a cabo el ataque. “En el marco del Consejo de Seguridad, adelantado el 5 de julio, se expuso por parte de la Fuerza Pública que los integrantes del Estado Mayor Central -EMC- activaron la carga explosiva desde el Centro Educativo Rural La Llanada, es decir, desde una escuela, lo cual configura una clara violación al Derecho Internacional Humanitario”, precisó el gobernador en la misiva.

Por esta situación presentada en Antioquia, el funcionario exigió que se dé por terminado el cese al fuego con el ELN y con el EMC de las disidencias de las Farc, porque establecieron una “macabra alianza” entre ellas.
“¿Cuántos más de ellos tienen que caer para que el Gobierno nacional acabe con ese instrumento y mecanismo engañoso del cese al fuego? La paz no se consolida contemporizando con el crimen, la paz se conquista con el imperio de la ley, de la justicia y de las oportunidades sociales”, aseguró el funcionario en sus redes sociales.

El comisionado de Paz, Otty Patiño, se pronunció sobre lo ocurrido, instando a las organizaciones ilegales a que ayuden en el desminado del territorio nacional y solicitando que se comprometan con lo pactado en las mesas de diálogo. Sin embargo, no se refirió al cese al fuego que algunos han pedido que se suspenda, ante la clara violación de este acuerdo por parte de los grupos armados.
“Seguiremos trabajando en nuestro compromiso con la paz de nuestro país. Requerimos a los grupos armados eliminar en su totalidad el uso de estos artefactos explosivos, que atentan contra la vida, la dignidad y los territorios. También hacemos un llamado al cumplimiento de su palabra en los acuerdos alcanzados en las mesas de paz”, señaló Patiño.
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