La indagaciones sobre el sonado escándalo de Odebrecht siguen su curso, y en la mañana del jueves 4 de julio, la Fiscalía General de la Nación confirmó que Natalia Isaza Velásquez fue acusada de manera formal por el delito de lavado de activos, y quien según el ente acusador recibido $59 millones por una factura falsa por labores que nunca se realizaron.
En específico, dicha factura estaba discriminada por conceptos de actividades de topografía y geología para los diseños del segundo puente entre los municipios de Plato (Magdalena) y Zambrano (Bolívar).
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Sin embargo, las pesquisas que adelantan el Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht llevó a que un fiscal la vincule como “posible responsable” de lavado de activos al recibir el dinero, cuyo verdadero destino era el pago de coimas “por el direccionamiento irregular de una adición al contrato de concesión 007 de 2010, conocido como ‘Ruta del Sol III’”, explicó el ente.
Los argumentos de la Fiscalía
Para llegar a la acusación en contra de Isaza Velásquez toca remontarse hasta el 21 de julio de 2015, momento en que el entonces Instituto Nacional de Concesiones (Inco) suscribió con la concesionaria Yuma el otrosí No. 5, cuyo fin era ejecutar estudios y diseños de un segundo puente sobre el Río Magdalena entre los dos municipios mencionados al comienzo.
Esta acción se materializó a través de la subcontratación que hizo la concesionaria para encomendarle estas tareas a la empresa Consultores Unidos S.A, quien de igual forma le confió el trabajo (actividades de topografía y geología, entre otras) a la compañía Megaland S.A., que en los papeles tenía a Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo como representante legal. El valor del otrosí No. 5 fue por un valor de $754 millones.
La indagación reflejó durante su desarrollo que este dinero sí se pagó pero los trabajos no fueron realizados, y por si fuera poco también reveló que parte de los recursos que se abonaron a Megaland S.A. habrían sido girado presuntamente a terceras personas “por instrucción de José Roberto Prieto”, añadió la Fiscalía, luego de su intermediación indebida.
Por tal motivo el ente investigador se basó en los elementos de prueba, los cuales indicaron que en total $59 millones fueron consignada a Isaza Velásquez en dos transacciones. Una se realizó el 7 de junio de 2016, mientras que la segunda se realizó dos días después (9 de junio).
“Esta suma provenía de delitos contra la administración pública y el enriquecimiento ilícito de particulares, y habría sido transformada y custodiada por la hoy procesada”, concluyó la Fiscalía para acusar a la mujer, quien lleva vinculada a este proceso desde junio de 2021, momento en el que la Fiscalía le imputó el delito de lavado de activos por dichas consignaciones (una por $2′500.000 y la otra por $56′500.0000).
Intentaron precluir el caso contra Natalia Isaza Velásquez
El 8 de agosto de 2022, Caracol Radio reveló que la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión del caso en contra de Isaza Velásquez debido a que, luego de revisar el expediente del caso, no se habrían hallado pruebas que indicaran que la hoy acusada tuviera conocimiento de dónde provenía el dinero que se le consignó, y que hicieron José Roberto Prieto (exjefe de campaña del expresidente Juan Manuel Santos) y el empresario Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo.
Por medio de una declaración juramentada hecha por el empresario Eduardo José Zambrano —también detenido en medio de la investigación— testificó que no conocía a Isaza Velásquez. Mientras que Prieto aseguró que ella no tuvo participación. Al final esto llevó al ente acusador en ese momento a concluir que la mujer fue utilizada por la amistad con Prieto y la cercanía familiar que ambos tienen.
Sin embargo, el mismo medio confirmó que dicho intento por precluir el caso fue apoyado por el ministerio público en vano. Pese a todo esto, la defensa de Isaza Velásquez (la firma Largacha-Torres) fue consultada en ese entonces frente a esta acción, pero se abstuvieron de dar declaraciones sobre dicho trámite del proceso.
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