
El diputado Jonhy Acosta, representante del Valle del Cauca por el Pacto Histórico, levantó una fuerte controversia al denunciar públicamente a la gobernadora Dilian Francisca Toro por supuestamente intentar implementar un frente de seguridad ciudadana que, según sus afirmaciones, podría rememorar modelos pasados ligados al paramilitarismo en Colombia.
El diputado utilizó sus redes sociales para difundir un video donde expuso sus argumentos, teniendo en cuenta el aumento de la violencia que se registró en el departamento debido a diversos ataques perpetrados por disidencias de las Farc y otros grupos ilegales, los cuales resultaron en heridos tanto entre la población civil como en las fuerzas de seguridad.
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Acosta utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para plantear dudas sobre si las acciones de la gobernadora estaban orientadas hacia el paramilitarismo: “Viene trabajando en una estrategia para crear frentes de seguridad ciudadana que incluye a empresas privadas de seguridad y gremios. Gobernadora, ¿más CONVIVIR Y PARAMILITARISMO?” (sic)”.

En el video, Jonhy Acosta señaló que: “Francisca Toro pretende crear un frente de seguridad ciudadana, y yo me pregunto si no serán unas nuevas convivir”, hizo hincapié en que el programa de la gobernadora incluye la incorporación de empresas privadas de vigilancia y la participación de gremios y el sector productivo en las políticas de seguridad.
La preocupación del diputado se centra en una propuesta incluida en el programa ‘Valle Seguro’ de la gobernadora, específicamente en el artículo 58, donde se menciona el fortalecimiento de una red de seguridad ciudadana. Según Acosta, este entramado contemplaría la participación de empresas privadas de vigilancia y el involucramiento de gremios y el sector productivo en labores de seguridad, lo cual podría llevar a un escenario similar al de ‘las convivir’ de la década de 1990.
“¿Qué es esto? ¿No es acaso la misma estrategia que en la década de los 90 creó ‘las convivir’ y que luego llevó a un paramilitarismo legalizado y financiado por gremios económicos?”, cuestionó Acosta, subrayando el riesgo de que este modelo pueda derivar nuevamente en situaciones de paramilitarismo.
‘Las convivir’ fueron grupos de autodefensa comunitaria creados originalmente para proteger a las comunidades de la violencia guerrillera en Colombia, pero que posteriormente fueron acusados de estar infiltrados por paramilitares y de cometer abusos contra los derechos humanos. Acosta mencionó un caso reciente en Sincelejo, donde un alcalde apoyado por el partido de Dilian Francisca Toro habría establecido un frente privado de seguridad, de acuerdo con el político, podría ser un precedente preocupante para el Valle del Cauca.
A pesar de la denuncia realizada por el diputado, no se ha hecho público el programa al que hizo referencia. No obstante, durante el Consejo de Seguridad celebrado el 20 de junio, se presentaron algunas medidas cautelosas destinadas a mejorar la seguridad de los ciudadanos.
Entre las acciones presentadas se destacan:
- Implementación de corredores seguros: La Gobernación del Valle estableció puestos de control e implementaron video de vigilancia coordinada por el Ejército, la Policía y la Infantería de Marina. Esto tiene como objetivo mejorar la seguridad de los usuarios viales tanto en el distrito como en las vías que conectan con Buenaventura.
- Fortalecimiento de la seguridad en Buenaventura: Se está cofinanciando el proyecto “Zonas Seguras” con una inversión de 15 mil millones de pesos.
- Proyecto de videovigilancia en Fonsecon: La Gobernación señaló que están cofinanciando un proyecto que incluye la instalación de 120 cámaras de vigilancia, 20 alarmas y 400 botones de pánico para mejorar la seguridad en esta zona específica.
- Entrega de motocicletas: Ocho motocicletas fueron entregadas al Departamento de Policía del Valle para fortalecer las capacidades de respuesta rápida y patrullaje en Buenaventura.
- Apoyo en asistencia técnica y jurídica: La Gobernación del Valle ha brindado apoyo en la formulación y estructuración de un convenio con la Fiscalía para dotar de bienes inmuebles que faciliten un punto de recepción de denuncias en Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, áreas importantes para la población local.
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