La Fiscalía General de Colombia anunció que abrirá una investigación por las presuntas interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Constitucional. Este caso surge tras denuncias recibidas, inicialmente, por el magistrado Jhon Ibáñez, que asegura que sus comunicaciones telefónicas y de chat están siendo intervenidas de forma ilegal por agencias de inteligencia del Estado.
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En el comunicado de la Fiscalía se puede leer que: “Frente a la gravedad de los hechos puestos en su conocimiento, al recibir esta semana en la Corte Constitucional la denuncia sobre presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de sus magistrados, la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata en la Unidad de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia”.
La denuncia fue confirmada oficialmente por la Corte Constitucional y presentada a la Fiscalía General. Ante esta grave acusación, los magistrados sostuvieron una reunión con la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón para exponer la situación y solicitar acciones inmediatas que permitan esclarecer estos hechos.
El ente acusador añade que la fiscal ”dispuso todos los recursos al alcance de la entidad, para avanzar con celeridad y rigor en los actos investigativos que permitan establecer los alcances y el impacto de la delicada situación denunciada el miércoles 19″.
Además, rechazaron “cualquier insinuación de filtración deliberada o indebida que afecte la seguridad, protección e integridad tanto de los denunciantes y sus familias, como de las investigaciones que por naturaleza deben ser reservadas. Es falso que el Despacho de la fiscal haya divulgado el documento suscrito por uno de los magistrados de la Corte Constitucional”, finaliza el documento.
Reacciones a la solicitud de la Corte
La Corte Constitucional pidió formalmente a la fiscal Luz Adriana Camargo que investigue posibles actos de espionaje a sus magistrados. La solicitud se hizo durante una reunión llevada a cabo el miércoles 19 de junio. Allí al menos dos magistrados de la Corte informaron a la fiscal sobre la recepción de información confiable acerca de interceptaciones ilegales a miembros del tribunal.
Este episodio se produce un día después de un acalorado debate en el Senado, donde el director nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, negó las acusaciones de monitoreo ilegal a la oposición durante una citación realizada por el senador David Luna. Luna fue uno de los primeros en reaccionar públicamente, señalando a través de su cuenta de X: “Este Gobierno está repitiendo los errores del pasado. No es paranoia”.
Además, varios congresistas de diferentes sectores políticos expresaron su preocupación. Andrés Forero del Centro Democrático comentó: “Empezaron ‘chuzando’ a Marelbys y ya van en magistrados de la Corte Constitucional”.
Enrique Gómez mencionó que “desde el inicio de la trama en la que chuzaron a una niñera y en el que terminó ‘suicidándose’ el coronel Dávila, la bajeza del régimen petrista ha ido develando su capacidad criminal. No extraña que estén interviniendo y acosando a magistrados. Hace parte del modus operandi de las mafias socialistas”
En este panorama, el senador David Luna criticó duramente al gobierno, llamándolo “el peor de la historia del país” debido a niveles de corrupción y clientelismo. Insistió en que protegerán la democracia utilizando la ley para llegar al fondo de lo que calificó como “podredumbre”.
Más allá del entorno político, esta situación ha puesto en el foco público la integridad de las instituciones judiciales y la transparencia en las prácticas de inteligencia.
En medio de estos desarrollos, las miradas se dirigen al papel que jugará la fiscal Camargo en la investigación y a las acciones que emprenda para esclarecer si efectivamente se ha dado espionaje a los magistrados del máximo tribunal del país. La situación está siendo observada con atención tanto por la comunidad legal como por la ciudadanía en general, interesados en la protección de la independencia judicial y el respeto de los derechos fundamentales.
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