
El domingo 16 de junio, autoridades de un puesto de control en el peaje de Betania, en la ruta de Popayán (Cauca) a Tuluá (Valle del Cauca), interceptaron un vehículo adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP). El vehículo, parte del esquema de seguridad de Sandra Morales, senadora del Partido Comunes y esposa del senador Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo, transportaba a una menor de edad que afirmó estar siendo movilizada para ser entregada a un grupo armado ilegal.
Frente a esta grave denuncia, el senador de Comunes, quien fue miembro de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y luego se acogió a la Justicia Especial para la Paz (JEP) tras los Acuerdos de Paz de 2016, negó cualquier apoyo o conocimiento a un hecho delictivo de esta magnitud.
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En entrevista con El Tiempo, Catatumbo afirmó que en el momento de los hechos, el involucrado se encontraba en su día de descanso. “No andaba cumpliendo misiones de ella, ni ella andaba en el carro. El muchacho estaba en tiempo libre e utilizó el carro para hacer vueltas personales y resultó enredado en ese lío”, complementó el senador.
Agregó que, según la versión del detenido de 36 años, estaba acompañado de “su novia”, quien resultó ser una joven menor de edad. Además, el registro preliminar de las autoridades sugirieron que: “Al llegar a un puesto de control (Peaje de Betania) los agentes de la policía encontraron que en el interior del vehículo iba una menor de edad, que, de acuerdo con lo mencionado por ella, estaba siendo llevada en contra de su voluntad”.
Por último, mencionó al medio citado que su compromiso con la paz mantiene firme. “No tengo nada que ver con eso. Lo rechazo. Desde que firmé el acuerdo asumí un compromiso total con la paz. Toda mi conducta ha ido dirigida en fortalecer la paz y eso es lo que tengo que decir. Yo no ando jugando con la paz”, sostuvo, y agregó que el capturado no pertenecía a ningún esquema de algún congresista.

De acuerdo con información oficial, Yerlin Andrey Giraldo Marín funge como agente escolta de la UNP asignado a Sandra Milena Morales del partido Comunes. Fue capturado junto a un menor de 17 años, al parecer, involucrado en el caso, y quien nació en Santander de Quilichao, además, es residente en Corinto (Cauca), zonas identificadas como escenarios de conflicto del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.
Giraldo fue presentado ante la Fiscalía General de la Nacional y un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Mientras que el menor fue aprehendido por las autoridades encargadas.
Por último, la UNP solicitó a las autoridades investigar el hecho y se declaró dispuesta a colaborar para esclarecerlo, destacando que, “la UNP no cohonesta con ninguna actividad delictiva y combate todo asomo de corrupción, por ello pide celeridad en la investigación correspondiente y se declara atenta a brindar la información que se solicite. Al igual que adelanta proceso interno disciplinario”.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (Ocha) y su informe Tendencias e Impacto Humanitario en Colombia 2023, el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes durante 2023 presentó un aumento alarmante. Según la organización, un total de 251 casos fueron reportados, lo que representa un alarmante incremento del 93% en comparación con los 130 registrados en 2022. “Este aumento en la cifra es preocupante debido a que se trata de una actividad que vulnera los derechos de los menores y que constituye otra de las causas principales de desplazamientos”, puntualizó el documento.
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