Exdirectora del Fondo Nacional de Estupefacientes está señalada por abusos y acoso laboral a contratistas: “Los contratistas son el cáncer”

El ambiente laboral en el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), entidad adscrita al Ministerio de Salud, ha sido objeto de graves denuncias por parte de exfuncionarios y contratistas. Según se conoció, varias víctimas acusan a la exdirectora y exasesora jurídica, Diana Mábel Montoya, de maltrato laboral y abuso de poder.

Montoya, según los relatos obtenidos por El Colombiano, los trataba de “mensa, inútiles, incompetentes” y prohibía el uso de faldas y escotes, asegurando tener conexiones directas con altos funcionarios del Gobierno para ejercer presiones.

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Y es que la situación de la entidad no es la mejor, pues el país también ha pasado por crisis debido al desabastecimiento de medicamentos, por lo que estas acusaciones se suman a la preocupación por la gestión de una dependencia clave que ejerce control sobre la importación, exportación y distribución de drogas y medicamentos.

Según fuentes consultadas por El Colombiano, actualmente existen audios, videos, correos y documentos que evidencian peleas internas y quejas de maltrato laboral en la entidad. Uno de los funcionarios entrevistados afirmó: “Los contratistas son el cáncer del Fondo”, refiriéndose a las actitudes despectivas de Montoya hacia el personal.

Una de las agresiones de la exdirectora fue contra Andrea, una excontratista del FNE a quien se le cambió su nombre por seguridad. La mujer relató que Montoya y el funcionario Álvaro Hernando Zambrano se referían a ella como “la del inconveniente” durante su embarazo y la presionaban para que renunciara.

“Me llamaban a las seis de la mañana y enviaban correos a altas horas de la noche. Nos trataba de mensas y nos amenazaba”, explicó Andrea, quien decidió no renovar su contrato debido al estrés laboral y la depresión que esto le causó. Incluso, presentó una demanda ante el Juzgado 51 Administrativo de Bogotá.

Otros excontratistas han levantado quejas similares, alegando acoso laboral y maltrato verbal. Las denuncias incluyen restricciones indebidas, tales como la firma de libros de registro para entradas y salidas y la solicitud de permisos para asuntos personales y citas médicas. Las víctimas afirmaron que estas restricciones no corresponden con las características de un contrato por prestación de servicios.

De hecho, David Curtidor director del Fondo desde noviembre de 2023, afirma que su salida fue inducida por no aceptar ser un “firmón” de Montoya. Curtidor, quien conocía de las denuncias y actitudes de Montoya y Zambrano, decidió declararlos insubsistentes.

Sin embargo, semanas después, el ministro de Salud, Guillermo A. Jaramillo, también lo destituyó. Además, los enlaces de Montoya con altos funcionarios del ministerio fueron evidentes cuando Gonzalo Parra, secretario general del Ministerio de Salud, le llamó la atención a Curtidor, sugiriendo presión desde altos mandos.

Montoya y Zambrano, ambos con antecedentes polémicos en sus cargos anteriores en la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Salud durante la administración de Gustavo Petro, llegaron al FNE con un presupuesto de 33.000 millones de pesos para este año. Montoya había sido inhabilitada en 2018 para ejercer cargos públicos por 10 años, pero su inhabilidad fue reducida mediante una demanda administrativa, permitiéndole volver a ocupar cargos en el servicio público.

Álvaro Hernando Zambrano, vinculado con anterioridad a una red de medicinas falsas y tráfico de medicamentos, fue absuelto “por duda” según el juez. Ambos funcionarios han sido duramente cuestionados por su manejo al interior del FNE.

Pero las críticas en la entidad no paran ahí, pues existen denuncias en poder de El Colombiano que afirman sobre el supuesto poder de Montoya, incluso después de su salida. Se presume que mantiene influencia en la entidad, celebrando públicamente la salida de Curtidor en redes sociales.

Y el posible desabastecimiento de materias primas e insumos médicos, como analgésicos y anestésicos, agrava la situación. Curtidor había enviado cartas al ministro Jaramillo y al presidente Gustavo Petro, advirtiendo del riesgo inminente y la necesidad urgente de nombramientos en puestos clave de la entidad para garantizar el suministro adecuado de medicamentos, pero estos puestos siguen sin ser ocupados.

El caso ha sido denunciado también ante la Fiscalía por Curtidor, quien acusa a Néstor Santiago Guerrero y a Montoya de presunta usurpación de funciones públicas, violencia contra servidor público y abuso de autoridad. Además, los empleados del fondo han confirmado la versión sobre presuntas órdenes indebidas de Montoya, a pesar de no tener cargo oficial en la entidad.

Por su parte, Diana Mábel Montoya señaló al medio nacional que no está “facultada legalmente para hacer pronunciamientos públicos”. Zambrano también declaró que “a la fecha no he sido notificado de ninguna investigación en mi contra”. El actual director encargado, Santiago Guerrero, y el secretario general del Ministerio, Gonzalo Parra, prefirieron no responder a los cuestionamientos.