Ministra de Educación se reunió con los dirigentes de Fecode para llegar a acuerdos

La ministra de educación, Aurora Vergara, se pronunció frente a la evaluación docente con base en los resultados de los estudiantes en las pruebas Saber 11 y las pruebas PISA, uno de los artículos de la reforma a la educación que más polémica causó entre los maestros del país.

Ante el descontento de los docentes, la jefe de la cartera aseguró que “se pueden construir consensos para determinar si la evaluación docente refleja el desempleo de los estudiantes o si posibilita el mejoramiento de los procesos académicos“.

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Sin embargo, el paro de maestros convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) inició, en todo el país, el miércoles 12 de junio de 2024, con el fin de mostrar su insatisfacción con la ley estatutaria y promover su archivo en el Congreso de la República.

Por tal motivo, la ministra sostuvo una reunión con Fecode el martes 11 de junio para llegar a consensos y salvar la ley estatutaria, asegurando que sus propuestas “sean escuchadas y logren entrar al pliego final que se discutirá en los debates del Senado con el fin de consolidar estos grandes acuerdos”, indicó.

Durante la rueda de prensa, la funcionaria explicó que se deben revisar cerca de ocho artículos de la ley para mejorar su redacción y aprobación. Asimismo, habló sobre la probabilidad de retirar el proyecto y sostuvo que “es fundamental que en los próximos días podamos tomar decisiones de escuchar, respetar, reconocer las razones por las que los maestros se están movilizando y que de manera ideal tanto el Congreso como el magisterio colombiano permitan llevar la educación hacia el futuro”.

¿Por qué marcha Fecode?

La aprobación del proyecto de ley estatutaria para la educación, presentado por el Ministerio de Educación, generó la inconformidad de Fecode. La organización sindical, por medio de un comunicado de prensa, expuso sus argumentos en contra de la iniciativa.

El documento puntualiza que el proyecto no responde a los acuerdos pactados entre el Gobierno, encabezado por el Ministerio de Educación, y Fecode, en los que “sustentamos la necesidad imperiosa de recuperar recursos billonarios arrebatados por gobiernos anteriores a través del Acto Legislativo 01 de 2001″.

El sindicato de maestros también señaló que con el consenso presentado ante el Legislativo “se minimiza la lucha librada por más de 42 años desde el Movimiento Pedagógico y la movilización histórica de Fecode liderada en favor del derecho fundamental de la educación”. Igualmente, el sindicato gremial señaló que no formó parte de la elaboración del proyecto de ley y que, por el contrario, se hizo caso omiso a sus propuestas, las cuales radicaron en varias ocasiones durante el desarrollo de los debates para su discusión e integración.

De acuerdo con la federación, la reforma a la educación contiene “propuestas de carácter absurdo y regresivas, que desvirtúan por completo el reconocimiento del derecho fundamental a la educación”. Entre las que resaltan, se encuentra la supuesta creación de bonos escolares o vouchers, que “habilitan claramente la privatización y mercantilización de la educación bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad y la falacia de la participación”, señala el sindicato.

Para Fecode, el proyecto de ley estatutario acordado “niega el carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y prejardín, así como en todas las modalidades educativas de los colegios oficiales del país”. Además, mostró su desacuerdo con la creación de aparatos burocráticos para investigar, vigilar y controlar, como la Superintendencia de Educación, considerando que son innecesarios y que el Ministerio de Educación ya ejerce esas facultades.

Esta propuesta, según el gremio, “promueve prácticas que invisibilizan las realidades territoriales, cercenan derechos adquiridos y las libertades democráticas, alimentan los apetitos de sectores y empresarios que ven en la educación una oportunidad de negocio, mercantilización y tercerización. Nos oponemos a toda iniciativa de privatización pretendida por la derecha y la ultraderecha de este país”.

Igualmente, considera que el proyecto tiene un carácter neoliberal y regresivo, cuya orientación está enfocada en señalar, estigmatizar, golpear a la Federación, a los maestros, maestras y comunidades educativas. “El proyecto de ley estatutaria de educación representa un atentado contra el derecho y el carácter profesional de la docencia”, agregó.