
Colombia se salvó de pagar más de 700.000 millones de pesos que una empresa minera canadiense le estaba solicitando tras la delimitación del páramo de Santurbán, donde se prohibieron las actividades mineras.
Montauk, antes Galway Gold Inc., instauró la demanda contra la Nación y argumentó que la delimitación en la zona del páramo vulneró los intereses referentes a la explotación de minerales en el proyecto Reina de Oro, puesto que se había infringido el tratado de libre comercio con Canadá.
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De acuerdo con el informe emitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) manifestó que la prohibición de minería en páramos no viola el TLC con Canadá, al ser una medida regulatoria legítima impuesta sin delimitaciones.
De este modo, la decisión va acorde con un fallo del mismo tribunal que tomo en marzo de 2024 en una demanda similar instaurada en su momento por la minera Red Eagle Exploration Limited (Red Eagle) contra Colombia, por la prohibición de la minería en ecosistemas de páramo, pero específicamente, en el de Santurbán.
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Respecto a la decisión de marzo, el Ciadi rechazó las reclamaciones por expropiación y violación del TLC que alegaba Red Eagle, por lo tanto, la prohibición de la minería en ecosistemas de páramo es una acción legítima de Colombia, que regula en pro del interés general, más específicamente en cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente.
Por eso, el triunfo que obtuvo Colombia contra la empresa Montauk, la Andje, expresó lo siguiente a El Tiempo: “Colombia derrotó de forma absoluta a minera en arbitraje por la prohibición de minería en Santurbán”.
Además, de acuerdo con el medio mencionado, el director (e) de la Andje, Jhon Jairo Camargo, expresó: “No puedo estar más complacido al comunicar que Colombia derrotó de forma absoluta a la minera Montauk en el arbitraje por la prohibición de minería en Santurbán. El tribunal arbitral, en línea con lo decidido por el tribunal del caso Red Eagle, dijo que la prohibición de minería en páramos no viola el TLC con Canadá porque se trata claramente de una medida regulatoria legítima implementada sin ningún tipo de discriminación”.
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Por lo tanto, Camargo, manifestó que estos dos precedentes muestran que debe anularse otro fallo que no fue favorable a la Nación por hechos prácticamente iguales. Se trata de la demanda interpuesta por la empresa Eco Oro Minerals, que pedía 2,73 billones de pesos por la prohibición de minería en Santurbán. En 2021, la sentencia señaló que las medidas de Colombia en la delimitación no fueron por expropiación, y sí había responsabilidad de Colombia por no aplicar de manera correcta el estándar de trato justo y equitativo del TLC con Canadá.

“Cada vez emerge con mayor claridad que la decisión contra Colombia en el caso Eco Oro es un absurdo jurídico que debe ser anulado”, declaró el director Camargo a El Tiempo.
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Por ahora y según lo anuncia la Andje en el documento, el caso de Eco Oro está pendiente de una decisión sobre la cuantificación de los daños económicos, por lo que aún no está cerrado.
Por otra parte, el Estado recibirá la notificación del resultado de al menos nueve demandas más que al día de hoy llevan los tribunales internacionales, y que tienen pretensiones por 11,96 billones de pesos. Según datos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), se trata de litigios por temas mineros, reversión de activos, extinción de dominio, entre otros motivos.
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