Corte Constitucional dio a conocer su decisión respecto a las aspiraciones de Felipe Córdoba para ser procurador

La Corte Constitucional dio a conocer que Carlos Felipe Córdoba no podrá aspirar a ser procurador General en reemplazo de Margarita Cabello. Y es que el alto tribunal determinó la inexequibilidad de la norma que permite a candidatos a ocupar dicho cargo sumar experiencia profesional de carreras diferentes a la de Derecho.

Puntualmente, la Corte declaró inexequible el segundo parágrafo del artículo 128 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Allí estaba estipulado que los abogados podían añadir a su experiencia profesional los títulos que hubieran conseguido en áreas como Ciencia Política, Economía o Administración Pública.

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Y es que dicho aspecto sería fundamental para la candidatura de Córdoba, que colocaría en su hoja de vida sus títulos en ramas diferentes a las del Derecho. El fallo del alto tribunal recalca que solo aquellos con una sólida formación jurídica pueden ocupar cargos, como el procurador, asegurando las competencias necesarias para las funciones judiciales.

“La función judicial es que los jueces y magistrados cuenten con las competencias jurídicas necesarias para ejercerla”, explicaron desde la Corte.

Y es que el dictamen del alto tribunal surge como una respuesta a una consulta del Gobierno Nacional al Consejo de Estado, desde donde buscaba aclarar si los 15 años de experiencia profesional requeridos para el cargo de Procurador General podían incluir carreras no jurídicas.

Frente a ello, Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, aseguró que la decisión de la Corte genera un vacío constitucional respecto a los requisitos para el cargo de procurador General.

“No acontece lo mismo en el caso de ser Procurador y corresponde a los organismos encargados de integrar la terna para elegir Procurador precisamente delimitar esos requisitos. En este caso, entonces, le corresponde esa determinación al Consejo de Estado, a la Corte Suprema de Justicia y a la Presidencia de la República”, aseguró.

Así las cosas, Carlos Felipe Córdoba, que cuenta con el título de abogado, así como con un doctorado en derecho y el apoyo de varios movimientos políticos, ve ahora sus aspiraciones obstaculizadas.

No obstante, es de añadir que el Consejo de Estado aún mantiene en estudio la consulta del Gobierno nacional. Sin embargo, la Sala de Consulta no llegó a una decisión final, razón por la que será un conjuez el que resuelva la discusión sobre los requisitos que deberá cumplir Córdoba, si este aún mantiene vivas sus aspiraciones de llegar a ser procurador.

Precisamente, William Zambrano, que ha ocupado roles destacados dentro del Consejo de Estado como la vicepresidencia y la presidencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil, será el encargado de decretar tal medida.

Quién es William Zambrano

William Zambrano se ha destacado por su amplia trayectoria en el ámbito del derecho público y la contratación estatal, desarrollando roles cruciales en diversas instituciones tanto públicas como privadas. Entre sus cargos más relevantes, Zambrano ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, una de las instituciones más importantes en la defensa de la Carta Magna en Colombia.

Además de su labor en la Corte Constitucional, Zambrano ha servido como asesor en múltiples consejerías presidenciales. Su asesoría ha sido fundamental en áreas clave como el Desarrollo Constitucional, la Modernización del Estado y el Desarrollo Institucional. Estos roles han sido esenciales para garantizar la adaptación y evolución del marco normativo y administrativo del país.

William Zambrano también ha ejercido como abogado litigante y consultor, brindando asesoría especializada en derecho público a diversas entidades. Su experiencia está respaldada por su intervención en numerosos proyectos de contratación estatal, lo cual ha permitido que varias instituciones cumplan con rigurosidad las normativas vigentes. Su habilidad para manejar temas complejos de contratación es reconocida en múltiples niveles de la administración pública.