Congresista denunció ante la comunidad internacional una “ruptura institucional” por la constituyente de Petro

Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, llevó a instancias internacionales su preocupación por lo que considera una posible “ruptura institucional” en Colombia, ante los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro respecto a la convocatoria de una asamblea nacional constituyente u otro mecanismo para modificar la Constitución Política de 1991.

Desde hace cerca de tres meses, cuando el primer mandatario mencionó por primera vez la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente en Cali, generó un intenso debate en el país. En ese momento, el jefe de Estado expresó lo siguiente: “Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente”.

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Sin embargo, el jueves 30 de mayo, Petro pareció retractarse de sus declaraciones anteriores al afirmar, durante su discurso en Pueblo Nuevo, Córdoba, que: “Yo no he hablado aquí de una asamblea constituyente, como dice la prensa, y menos aún para reelegirme, los que se reeligieron fueron otros, cambiaron la Constitución para ello”.

En un intento por aclarar su propuesta, Petro detalló ocho puntos que incluiría en su eventual convocatoria constituyente: el cumplimiento del acuerdo de paz con las Farc-EP de 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos; la mejora de las condiciones de salud y acceso al agua; la implementación de una renta básica para la población de mayor edad; la recuperación de los objetivos de la Constitución de 1991 en educación y reforma agraria; la lucha contra la crisis climática; la garantía de la independencia del banco central; el reordenamiento territorial para incluir regiones históricamente excluidas; y la separación de la política de la financiación privada y reforma del sistema judicial.

Ante este panorama, Cadavid expresó su preocupación por lo que considera una amenaza a las instituciones colombianas, señalando por medio de un video difundido en su cuenta en la red social X (antes Twitter) en el que expresó lo siguiente: “El país ha conocido anuncios por parte del Gobierno nacional sobre la intención de constituyentes, lo que ha creado un tremendo ambiente de ruptura institucional. La amenaza a las entidades diferentes, al Gobierno, al Congreso, a la justicia. Nosotros no podemos quedarnos de manos quietas”.

En consecuencia, el congresista uribista decidió informar a la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los congresos de distintos países y la Unión Europea, sobre lo que considera un riesgo institucional y una posible ruptura democrática en Colombia.

El congresista reiteró que “no nos vamos a quedar que hacemos este anuncio para informar que acudimos a esas instancias para que conozcan lo que está haciendo el gobierno Petro, en ese momento dejará lo que viene para los colombianos”. Su objetivo principal es que la comunidad internacional esté al tanto de las acciones del Gobierno de Gustavo Petro y sus posibles implicaciones para el futuro de Colombia.

El representante Cadavid no fue el único que instó a la comunidad internacional

El exmandatario Juan Manuel Santos remitió una comunicación al secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, concerniente a las estrategias propuestas por el presidente Petro para llevar a cabo una asamblea nacional constituyente. El presidente ha afirmado que esta iniciativa busca otorgar más poder al pueblo, aunque la oposición argumenta que su verdadero propósito es buscar la reelección y prolongar su permanencia en el cargo.

La misiva del ex jefe de Estado, fechada el 3 de junio de 2024, aborda una preocupación central: la posibilidad de que el actual Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, convoque una asamblea nacional constituyente al emplear como base el acuerdo de paz de 2016, alcanzado con la extinta guerrilla de las Farc-EP.

“Lo resalto porque funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido a algunos párrafos del Acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad, lo cual es posiblemente incompatible con el principio de buena fe (sic)”, se lee en la carta del expresidente.

Santos, que ocupó la presidencia de Colombia entre 2010 y 2018, destacó en su carta que dicho acuerdo no sugiere ni permite la modificación de las reglas constitucionales establecidas. El exmandatario hizo hincapié en el proceso de revisión llevado a cabo por la Corte Constitucional, por lo que aseguró que tanto las leyes derivadas del acuerdo como las reformas constitucionales fueron sometidas a este riguroso escrutinio.