
La explotación sexual comercial de menores en Medellín sigue dando de qué hablar, a pesar de los esfuerzos de las autoridades locales por acabar con las redes delincuenciales que han acaparado todo un mercado ilegal y que quedó al descubierto recientemente, tras la polémica por casos como el del estadounidense Timothy Alan Livingston, acusado en marzo de abusar sexualmente de dos niñas de 12 y 13 años en un hotel en El Poblado.
Y es que en este caso también se involucró a otro menor de diez años, que sirvió a la red de “campanero”, a una hora de la noche en la que debería estar bajo custodia de sus padres. Sin embargo, las precarias condiciones de vida y la ambición por el dinero han desarrollado todo un patrón sistemático de explotación en la ciudad.
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De acuerdo con el informe más reciente de la Mesa Intersectorial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (Escnna) de Medellín, los explotadores suelen utilizar a los mismos menores víctimas para atraer a otros niños a sus redes, ofreciendo comisiones a cambio. Estos niños y adolescentes, provenientes frecuentemente de poblaciones vulnerables y en algunos casos con serios problemas de farmacodependencia, son coaccionados con pequeños pagos que gastan en necesidades básicas y drogas.
Las estadísticas de la Fiscalía muestran que entre 2010 y 2022 se presentaron 3.014 procesos relacionados con la explotación sexual de menores en 13 de las 21 comunas de Medellín, de los cuales el 90% aún están en etapa de indagación y solo el 5% han llegado a juicio o ejecución de penas. Incluso, solo en 2024 se reportaron 64 denuncias con 20 personas capturadas, incluyendo seis turistas extranjeros.
Sin embargo, el estudio dejó expuesta una fuerte discrepancia en los datos judiciales, pues según los registros de la Policía Nacional, en el mismo periodo de 12 años se informó de 10.361 casos, una diferencia de más de 7.000 casos respecto a los registros de la Fiscalía. Esta disparidad preocupa a los especialistas, que insisten en la necesidad de mayor coordinación y precisión en el seguimiento de estos casos.
Pero a pesar del aumento del turismo en Medellín, los expertos aseguran que la explotación sexual infantil no está directamente vinculada a este fenómeno. Jazmín Santa, docente investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana, explicó que “el boom ha señalado al turista, pero realmente la explotación se da con los locales”, según comentó a El Colombiano. De hecho, la explotación ocurre también a manos de desconocidos, familiares y grupos delincuenciales, y encuentra focos en inquilinatos donde la fuerza pública no tiene acceso.
Además, ha habido un incremento en la oferta y demanda de pornografía infantil. La expansión de las redes sociales ha expuesto a los menores a mayores riesgos. “En Medellín hay mucho desempleo y precariedad, y siento que se ha dejado de proteger a los menores”, afirmó Santa, destacando el crecimiento de la industria de webcams en la ciudad.
Incluso, el informe también dejó expuesta la necesidad de mayor control y prevención en zonas de riesgo como instituciones educativas, redes sociales, discotecas, gimnasios, terminales de transporte y aeropuertos, al tiempo que hizo un llamado a aplicar estrictamente las leyes de turismo, que obligan a registrar a los huéspedes en alojamientos para evitar que ingresen con menores sin la autorización de los padres.

La directora de Cotelco, Sandra Restrepo, recordó a los miembros del gremio hotelero la importancia de evitar el ingreso de menores sin autorización, señalando que “permitir esto, incluso sin que ocurra un acto sexual, puede llevar a la expropiación del inmueble”.
El estudio también hizo claridad que la explotación sexual no es un tema nuevo en la capital antioqueña; sin embargo, la pandemia de covid-19 tuvo una gran influencia en la visibilización de la explotación sexual. De hecho, varios expertos concuerdan que muchas trabajadoras sexuales se vieron obligadas a salir a las calles tras el cierre de locales nocturnos durante la pandemia.
“Antes de la pandemia, la mayoría trabajábamos en locales nocturnos, pero con su cierre muchas de nosotras quedamos desempleadas y tuvimos que irnos para la calle,” agregó Valeri Ramírez, presidenta del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales de Antioquia.
La crisis también se ha agravado con la migración desde Venezuela, lo cual ha llevado a muchas personas del país vecino a terminar explotadas en redes criminales de Medellín. Esto ha incrementado la oferta de servicios sexuales en áreas como el parque Lleras y zonas aledañas de El Poblado.
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