Huelga en el Ministerio del Trabajo: estas son las principales solicitudes de los funcionarios

El viernes 31 de mayo inició una huelga en el Ministerio del Trabajo, anunciada previamente por un sector de funcionarios que decidieron suspender sus labores indefinidamente, medida motivada por la falta de cumplimiento de las obligaciones laborales pactadas entre 2013 y 2023. Por lo que, el Comité Nacional de Huelga de dicha cartera atribuyó la responsabilidad a la ministra, Gloria Inés Ramírez, y al Gobierno de Petro.

Los compromisos incluyen aspectos fundamentales como las regulaciones de seguridad y salud laboral, la distribución de suministros, los incrementos salariales y la implementación de concursos de méritos. Además, se destaca la falta de cumplimiento del Acuerdo Colectivo 2023-2025, el cual abarca la capacitación del personal para los concursos de méritos, la asignación de bonificaciones, la equiparación salarial, la firma de convenios para mejorar el bienestar en diversas áreas y el impulso de mejoras en infraestructura y recursos tecnológicos.

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Dado que ninguna de las promesas realizadas fue cumplida, en un comunicado oficial el comité notificó a todos los servidores del Ministerio del Trabajo sobre el inicio de la huelga a partir de la medianoche del 31 de mayo, con una duración indefinida, hasta que se presente una solución satisfactoria a las demandas de los trabajadores. Esta medida de cese de actividades se aplicará en todas las oficinas del ministerio en el país.

Los sindicatos, que incluyen a Asomintrabajo, Unimintrabajo, Asoness, Usctrab, Sinaltep, Sinaltraserpvco, Sinaltra, el Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo, Sinprotecol, Unssp, Sinaltraempros, Sintramerito, entre otros, habían comunicado a todos los empleados públicos del ministerio y a la comunidad en general que, debido al incumplimiento de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, con los acuerdos colectivos, iniciarían las protestas.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, manifestó su respeto al ejercicio del derecho de asociación sindical y la protesta social pacífica en el sector público, invitando a las organizaciones sindicales a mantener los esfuerzos para avanzar en la mesa de diálogo social permanente. Ramírez afirmó: “Esta mesa está abierta y están invitadas todas las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo”.

Sin embargo, el Colegio de Inspectores de Trabajo (Cnit-SP) expresó reservas sobre la efectividad del diálogo, con el argumento de que la administración no ha convocado ni reconocido la huelga conformada por los sindicatos de los trabajadores del ministerio.

Una de las principales demandas de las organizaciones sindicales es la aprobación y pago de una bonificación especial por compensación, con un costo anual de más de $5.500 millones para 2024. La ministra afirmó que se realizaron gestiones administrativas para viabilizar esta solicitud y que se cuenta con estudios técnicos y una posición jurídica favorable, de acuerdo a la información a la que tuvo acceso El Espectador.

Diana Peña Baena, inspectora de Mintrabajo y presidenta del Cnit-SP, explicó que la solicitud de reconocimiento de una brecha salarial se fundamenta en estudios técnicos que indican que los salarios en el ministerio están por debajo de los asignados en otras entidades con funciones similares.

De la misma manera, la ministra informó que se puso en funcionamiento el Puesto de Mando Unificado (PMU) mediante la coordinación de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de aplicar el Protocolo 053 para asegurar la ejecución de acciones conjuntas y rutas de protección para salvaguardar los derechos de reunión, manifestación pública y protesta social pacífica de los ciudadanos.

Peña sostuvo: “Pedimos que se reconozca la brecha salarial que existe en la entidad”. Agregó que, “necesitamos el cumplimiento de los acuerdos y que se cumplan las obligaciones laborales en su generalidad. Pedimos condiciones dignas del trabajo”.

Por su parte, la ministra afirmó que ya desplegaron todas las acciones y gestiones administrativas para cumplir con los acuerdos, por lo que destacó que el 55,9% de avance se alcanzó en el cumplimiento de los compromisos. También mencionó el compromiso de honrar acuerdos pactados por Gobiernos anteriores desde 2013.