No paran las dudas sobre el futuro de los 5.5 millones de afiliados que tiene la EPS sura después de su tempestiva solicitud de retirarse voluntariamente del sistema de salud por la fuerte crisis financiera que atraviesa.
Sin embargo, la decisión de salir o no de operación está a cargo de la Superintendencia de salud, que tiene 65 días hábiles para decidir si le da vía libre a su liquidación o si, por el contrario, opta por tomar otras medidas, como una posible intervención a la promotora de salud debido a sus números en rojo que no la harían apta para continuar.
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La situación financiera de EPS Sura, una de las principales entidades prestadoras de servicios de salud en Colombia, ha generado preocupación dentro del sistema de salud del país. Con una deuda considerable y dificultades para cumplir con los requisitos básicos de operación, la entidad se enfrenta a un panorama desafiante que podría impactar a millones de afiliados y desencadenar acciones por parte del Gobierno nacional.
Según los últimos informes, EPS Sura ha acumulado pérdidas que ascienden a $221.000 millones, además de enfrentar una descapitalización debido a la falta de recursos suficientes para operar dentro del sistema de salud. Estos problemas financieros se agravan por la alta siniestralidad y la falta de cumplimiento de los requisitos de habilitación financiera.
De hecho, la entidad enfrenta una deuda que asciende a la cifra de $782.410 millones hasta octubre de 2023. Uno de los principales problemas que enfrenta EPS Sura es su patrimonio técnico, el cual registra un déficit bastante elevado.
A septiembre de 2023, este patrimonio técnico era de -$144.300 millones; es decir, que su déficit alcanzaba los $163.000 millones, lo que representa un riesgo para la viabilidad financiera de la entidad. Además, la alta prevalencia de enfermedades costosas entre sus afiliados y los traslados masivos de usuarios de EPS liquidadas han incrementado los gastos operativos y financieros de la entidad.
“Asimismo, EPS Sura destaca la alta prevalencia de enfermedades de alto costo entre sus afiliados, exacerbada por traslados masivos de usuarios de EPS liquidadas, lo que ha aumentado la carga financiera y operativa”, señaló la entidad en una carta enviada a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en marzo de 2024.
Por si fuera poco, EPS Sura también ha señalado que la situación se ha visto agravada por la insuficiencia de la prima reconocida por la Nación, el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la demora en los pagos del Gobierno y otras deudas pendientes. Estos problemas han contribuido a la creación de un ambiente financiero hostil que amenaza con socavar la estabilidad del sistema de salud colombiano en su conjunto.
Pero la crisis de Sura no es un caso aislado en el sistema de salud colombiano. Otras entidades como Compensar y Sanitas también han enfrentado intervenciones por parte del Gobierno nacional debido a problemas financieros similares.
Compensar, por ejemplo, también ha solicitado su liquidación, mientras que Sanitas ha sido intervenida por el Gobierno Nacional. Y es que un informe reciente de la Contraloría reveló que hasta octubre de 2023, 26 EPS acumulaban una deuda total de $25 billones a hospitales y proveedores.
Además, 16 de estas EPS no tienen un margen de solvencia satisfactorio y no cumplen con los requisitos básicos para operar, y solo cinco cumplían con los estándares mínimos requeridos por el Gobierno nacional para garantizar la salud de los colombianos.
Ahora, con la solicitud del retiro voluntario de EPS Sura, son 5.5 millones de usuarios los que están a la espera de la decisión del Gobierno nacional, pues el mismo presidente de la República ha asegurado que la crisis llevará a que todas las entidades promotoras lleguen al colapso de no ser aprobada su reforma.
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