EPS Sura solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud la aprobación de un programa de desmonte progresivo el martes 28 de mayo, informó la compañía.
De acuerdo con lo dicho por la EPS, la decisión se basó en las millonarias pérdidas acumuladas entre 2022 y 2023, que superan los 360.000 millones de pesos, aproximadamente 92 millones de dólares.
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Según los directivos de la empresa, EPS Sura proyecta que para el año 2024 las pérdidas podrían alcanzar los 500.000 millones de pesos, alrededor de 128 millones de dólares, haciendo inviable la continuidad de su operación en el actual sistema de salud colombiano.
Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, explicó que la solicitud al Gobierno de Petro busca evitar un deterioro mayor de la compañía. “Hemos realizado un gran esfuerzo para continuar en el sistema de salud, con la firme motivación de cuidar a cada una de las personas que ha confiado en EPS Sura”, señaló Llano.
La solicitud de desmonte se hace con la intención de retirarse de manera ordenada y diligente, una medida que EPS Sura considera necesaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones con sus millones de usuarios. “Se deben tomar medidas oportunas para evitar un mayor deterioro que nos impida cumplir con las obligaciones asumidas”, afirmó Llano.
Desde la perspectiva de la empresa, el sistema de salud colombiano presenta serios problemas estructurales que contribuyen a la inviabilidad de su operación. A pesar de múltiples esfuerzos destinados a generar transformaciones y conversaciones con distintos actores del gobierno y el sector salud, EPS Sura no ha conseguido soluciones conjuntas para resolver la situación.
“Hemos generado transformaciones para ser más eficientes en los procesos de EPS SURA: hemos tenido conversaciones con personas y entidades de este y anteriores gobiernos”, destacó la presidenta de Suramericana.
Asimismo, Llano enfatizó los esfuerzos económicos y administrativos realizados por EPS Sura para aliviar la situación, sin lograr resultados positivos. “Después de múltiples esfuerzos económicos y administrativos, reconocemos que hoy es imposible para EPS Sura garantizar la continuidad de sus servicios con la calidad y la responsabilidad que le han caracterizado”, añadió.
El panorama financiero de EPS Sura se agrava aún más, ya que las proyecciones para 2024 muestran pérdidas más abultadas, un factor determinante para la decisión de retirarse del sistema de salud. A través del proceso de desmonte progresivo solicitado, la compañía espera mitigar la presión financiera y reorganizarse de manera que se minimicen los impactos negativos tanto para la empresa como para sus usuarios.
Qué implica el desmonte progresivo
El desmonte progresivo, descrito como una figura jurídica, busca coordinar y planificar la transición de sus afiliados, garantizando la completa entrega de la información clínica y la continuidad de los tratamientos según las necesidades de salud de las personas. Esta medida tiene como objetivo primordial asegurar la estabilidad en la prestación de servicios de salud durante la transición.
Esto se debe a la necesidad de proteger las reservas técnicas de la EPS, lo que, según representantes de EPS Sura, permitirá gestionar de manera adecuada las obligaciones con diversos actores del sistema de salud, como clínicas, IPS y hospitales. En palabras de la entidad: “el programa prevé mecanismos para proteger las reservas técnicas, asegurando el cumplimiento de compromisos adquiridos”.
En la actualidad, la Superintendencia Nacional de Salud tiene un tiempo legal establecido para dar una respuesta a la solicitud realizada por EPS Sura. Durante este período, según la compañía, continuará prestando todos los servicios habituales. Los trámites, autorizaciones, citas, tratamientos, procedimientos, exámenes, ayudas diagnósticas y entrega de medicamentos procederán con normalidad. Asimismo, se mantendrán habilitados los canales de atención para resolver cualquier inquietud de los afiliados y prestadores.
De ser aprobada la solicitud, EPS Sura ha afirmado que poseen la capacidad de gestionar de manera responsable todas las obligaciones actuales, usando las reservas técnicas para respaldar sus compromisos adquiridos. Sin embargo, han advertido que si no se aprueba la solicitud, los resultados e indicadores de habilitación financiera sufrirán un deterioro importante, lo que impactará negativamente su capacidad de servicio.
Este deterioro podría traducirse en dificultades para mantener el nivel de atención y los servicios que actualmente se brindan a los afiliados.
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