La situación de derechos humanos en Colombia continúa siendo alarmante, según el más reciente informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El 23 de mayo, la entidad dio a conocer un balance actualizado sobre los asesinatos de líderes sociales en el país durante los primeros meses del año.
Desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2024, la oficina recibió “64 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos”.
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De estas 64 denuncias, 10 casos ya fueron verificados, lo que confirma que los asesinatos estuvieron directamente relacionados con la labor de defensa de derechos humanos que ejercían las víctimas. Aún más preocupante es que hay 41 casos adicionales que se encuentran en proceso de verificación, lo que significa que el número de víctimas confirmadas podría aumentar.
Además, 13 casos fueron clasificados como “no concluyentes”, lo que indica no se ha podido determinar con certeza la causa del asesinato o su relación con la actividad de derechos humanos.
Al detallar los casos verificados, se encontró que 2 de las víctimas eran mujeres, una de ellas perteneciente a una comunidad indígena, reflejando la vulnerabilidad de estos grupos. Los restantes 8 casos correspondían a hombres, e incluyen a un afrodescendiente, tres indígenas y cuatro campesinos.
Sobre los 41 casos que todavía están en proceso de verificación, la información preliminar indica que incluyen a dos mujeres, 38 hombres y una persona LGBTIQ+.
En términos geográficos, el informe de la ONU detalló las regiones más afectadas por estos homicidios. En el departamento de Arauca, se registraron tres casos en el municipio de Tame. En Bolívar se reportó un caso. En el Cauca, uno de los departamentos más conflictivos, ocurrieron 4 casos repartidos en las localidades de Páez, Santander de Quilichao, Silvia y Toribío. Otro homicidio tuvo lugar en Quibdó, Chocó, y el último caso verificado se registró en Tuluá, Valle del Cauca.
Además, el informe destaca que las víctimas verificadas desempeñaban roles significativos dentro de sus comunidades, abarcando desde la defensa de derechos territoriales hasta la lucha por la igualdad y la justicia social. La violencia contra estos líderes, además de ser una tragedia personal y familiar, tiene un impacto devastador en sus comunidades y en el tejido social del país.
Panorama de derechos humanos en Colombia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó nuevamente el estatus de Colombia como el país más mortífero de América para los defensores de derechos humanos. El más reciente informe de la CIDH, divulgado en marzo, reveló que en 2023, de los 126 asesinatos de defensores de derechos humanos verificados en toda América Latina, 70 ocurrieron en Colombia, representando más del 55% de los casos.
En segundo lugar, Brasil registró 21 homicidios. La persistencia de esta trágica realidad en Colombia tiene una explicación clara, según la comisión: la producción de coca. Los departamentos de Cauca, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca, situados en la región suroccidental del país, son los más peligrosos para los defensores. En estas áreas, la combinación del cultivo de coca, el narcotráfico y la presencia de grupos armados genera conflictos violentos que afectan gravemente a la población civil y, especialmente, a quienes defienden los derechos humanos.
Arauca, el quinto departamento más violento, se encuentra en la frontera con Venezuela y es conocido como un punto clave para la exportación de cocaína hacia el país vecino. La situación en estos cinco departamentos refleja el control y la influencia de las economías ilícitas sobre la vida de las comunidades locales.
La CIDH viene alertando sobre esta crítica situación desde hace años, y el nuevo informe señaló la necesidad urgente de implementar medidas de protección y seguridad más efectivas para estos individuos que arriesgan sus vidas en la lucha por la justicia y la equidad en Colombia.
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