Margarita María Rueda Suárez, destacada funcionaria de la Unidad contra Delitos Sexuales, fue arrestada en su despacho en Bogotá durante la jornada del martes, 21 de mayo, por agentes del CTI de la Fiscalía, en un operativos que se había manejado con discreción hasta que fue confirmada por las autoridades.
Rueda es señalada de prevaricato por acción y prevaricato por omisión en el manejo de casi trenta casos que involucraban delitos sexuales contra menores de edad, de acuerdo con la información difundida por la red de noticias Colprensa.
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De hecho, según la Fiscalía, Rueda habría emitido órdenes de archivo sin seguir los parámetros establecidos. En al menos dos ocasiones, al parecer basó sus decisiones en la “atipicidad de la conducta” de los señalados agresores sexuales, pese a que existía suficiente evidencia para procesarlos. “La Fiscalía constató que existía suficiente material probatorio para vincular a los señalados agresores sexuales”, explicó la institución.
Y añadió que “los elementos de prueba indican que la servidora judicial habría emitido 27 órdenes de archivo de casos relacionados con conductas que atentan contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, sin seguir los parámetros de la normatividad vigente”, subrayó la Fiscalía.
La captura
Información publicada por El Tiempo reveló algunos de los detalles de la captura de la fiscal en su despacho 184 en Bogotá. La Fiscalía, al confirmar la noticia, señaló que se encontraban indagando posibles sobornos y filtración de información relacionados con la muerte del director de la cárcel La Modelo, paralelamente a la captura de Rueda.
Una revisión detallada de los casos bajo la lente de Rueda reveló que retuvo y aplazó su deber de pronunciarse sobre la resolución de solicitudes presentadas por representantes del Ministerio Público para desarchivar y revocar el trabajo en estos casos, “de conformidad con el numeral 5 del artículo 138 del Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia constitucional”, destacó el ente acusador.
La noticia, que ha levantado una ola de especulaciones y preocupación, ha centrado la atención en cómo tales irregularidades podrían haber afectado la administración de justicia en casos sensibles que involucran a menores. La gravedad del asunto ha motivado a la Fiscalía a continuar investigando quiénes podrían haber sido los beneficiarios directos de las actuaciones atribuidas a la funcionaria.
A pesar de las múltiples acusaciones, Margarita Rueda no aceptó los cargos y por disposición del juez de control de garantías, se le impuso una medida no privativa de la libertad. La funcionaria, curtida en el manejo de delitos sexuales, se encuentra ahora bajo escrutinio, mientras las autoridades tratan de despejar todas las dudas sobre el proceder de la funcionaria.
Capturan funcionarios de Cancillería y Registraduría por trámite de documentos falsos para banda de tráfico de migrantes
En un operativo contra la expedición ilegal de documentos, impulsada por una banda de tráfico de migrantes fueron detenidas 31 personas, según difundió la Policía Nacional.
La banda criminal, liderada por una colombiana y un ciudadano dominicano, se especializaba en tramitar documentos falsos para migrantes venezolanos y dominicanos con el objetivo de hacerlos pasar por ciudadanos colombianos.
El coronel Edwin Masleider Urrego, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), citado por El Colombiano, explicó que la organización expedía pasaportes, registros civiles de nacimiento y cédulas de ciudadanía falsificadas. Además, la Registraduría anuló 344 cédulas falsas que habían sido entregadas a migrantes, quienes seguían rutas hacia Europa, Guatemala, México y Estados Unidos.
Entre las personas capturadas, figuran tres empleados activos y seis exfuncionarios de la Registraduría y tres empleados y tres extrabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Según el comunicado de la Policía, “al menos 11 personas se encargaban de buscar a los migrantes para ofrecer, tramitar y obtener documentos adulterados”. Gabriel Sandoval, delegado de la Fiscalía para la Criminalidad Organizada, indicó que los migrantes pagaban entre 2,000 y 4,500 dólares por los documentos falsos.
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