La violencia no deja de ensañarse con los habitantes de Bojayá (Chocó), debido a la constante presencia de grupos armados, especialmente, el denominado Clan del Golfo.
De acuerdo con un comunicado de la Defensoría del Pueblo, serían en total 12 comunidades campesinas e indígenas las que estarían padeciendo un confinamiento prolongado por cuenta de las acciones violentas de este grupo armado.
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Los habitantes conviven en medio de las minas antipersonales, amenazas a líderes y lideresas sociales, y la tortura contra indígenas por supuestamente pertenecer a grupos armados, además del acoso a mujeres y reclutamiento de menores de edad para el conflicto.
Según la entidad, son 3347 personas, de 830 familias las afectadas. “La mayoría de ellas pertenece al pueblo embera. Así lo pudo establecer nuestro equipo de la Regional Chocó, la Personería Municipal, la Alcaldía de Bojayá y la Diócesis de Quibdó, en una misión de verificación hecha en el territorio”, puntualizó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
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Inquietante panorama en el Chocó
Estas familias conformarían las comunidades de Río Uva, Nuevo Olivo, Villa Alta, Tawua, Salinas, Charco Gallo, Alto Río Bojayá, Chanú, Unión Chocó, Usaraga, Playa Blanca y Mojaudó, que han sido víctimas directas del control territorial del Clan del Golfo.
“El grupo armado quiere imponer su hegemonía en las comunidades que habitan la zona a lo largo del río Atrato. Todo fue advertido en nuestra Alerta Temprana 016 del 2021″, sostuvo el defensor del Pueblo.
La opresión e intimidación ha llegado hasta el punto en que los habitantes que se atreven a salir son frecuentemente extorsionados por medio de retenes ilegales: “Denunciaron que son cuatro los retenes, dos en Alto Río Bojayá y dos en Río Uva. Les quitan las pertenencias cuando reclaman ayudas humanitarias y recursos de la indemnización que les corresponde por ser víctimas del conflicto”, se añadió el comunicado.
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Adicionalmente, según indicó el defensor, algunas mujeres han expresado su deseo de suicidarse en vista de que constantemente son requisadas y despojadas de sus pertenencias íntimas.
“No soportan más la degradación a la que están siendo sometidas. Si llegan a hablar sobre lo sucedido, sus vidas corren peligro. Tienen temor. Me pregunto dónde está la institucionalidad, dónde están los cuerpos de seguridad del Estado. Tienen que actuar, honrar lo que les dicta nuestra Constitución. La dignidad humana es un derecho que debe ser protegido”, expresó Camargo.
La economía de la población está seriamente afectada, pues, según denunciaron a la mencionada entidad de derechos humanos, la producción de plátano es restringida por cuenta de la intermediación del Clan del Golfo que señala a la comunidad de ser aliados de otros grupos al margen de la ley.
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Para el defensor del Pueblo, estos acontecimientos afectan gravemente los derechos de la comunidad que se ha visto asediada por el conflicto armado desde años memorables.
“Es una clara infracción al derecho internacional humanitario, enmarcado en los Protocolos de Ginebra, la lamentable situación. Lo que está sucediendo afecta a los pueblos indígenas y su autonomía ancestral, pero también a los campesinos de Bojayá y sus alrededores”, afirmó.
Por último, desde la entidad indicaron que es necesario disponer de un equipo humano para que realice una brigada de salud integral y que permanezca en el territorio. Asimismo, insistieron en continuar el desminado por parte de la Fuerza Pública, aumentar el pie de fuerza en la región y, en que tanto EPS como IPS deben ser más controladas por las secretarías de salud de los municipios y el departamento, “pues los servicios prestados son insuficientes”, complementaron.
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A su vez, enfatizaron en que es necesario hacer seguimiento a los presuntos casos de suicidio en la población y prevenirlos con apoyo psicosocial. “Apoyar conjuntamente a la administración de Bojayá, puesto que no cuenta con las capacidades presupuestales para la respuesta inmediata y en transición”, agregaron.
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