
María Claudia Tarazona, esposa del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, respondió al anuncio del presidente Gustavo Petro de emprender acciones judiciales en su contra por presunta calumnia, luego de que lo relacionara públicamente con el magnicidio del congresista.
En entrevista con el programa Recap Blu, de Blu Radio, Tarazona aseguró que no ha recibido una notificación oficial sobre la denuncia y manifestó que no se siente intimidada por el mandatario. Además, reiteró sus señalamientos sobre las posibles conexiones entre estructuras criminales en Colombia y Venezuela con la planeación y financiación del asesinato.
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“Yo celebro muchísimo que el presidente Gustavo Petro por fin utilice las vías judiciales para defenderse y para hacer lo que él crea correcto”, afirmó.
Tarazona aseguró que Petro tendrá que responder por el asesinato de Miguel Uribe
Al ser consultada sobre si considera que el anuncio de acciones judiciales busca intimidarla, la esposa del senador respondió que no teme a Petro y sostuvo que las víctimas no deben esconderse por exigir justicia.
“A mí Gustavo Petro no me intimida. Yo creo que en este momento tenemos que pensar que las víctimas no somos las que nos tenemos que esconder. Nosotros estamos amparados bajo la ley”, manifestó durante la entrevista.
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Posteriormente, lanzó nuevos señalamientos contra el jefe de Estado: “El narcopresidente Gustavo Petro va a tener que responder por el crimen de Miguel y por todas las actuaciones corruptas y delincuenciales que tuvo durante los últimos cuatro años”.
Tarazona también aclaró que, hasta el momento de la conversación radial, no tenía conocimiento de que Petro hubiera presentado formalmente la denuncia ante la Fiscalía.
“No tengo conocimiento todavía acerca de que haya hecho oficialmente la denuncia ante la Fiscalía. No hay una notificación que me haya llegado”, explicó.

Las pruebas que, según Tarazona, tiene la Fiscalía sobre el magnicidio
Durante la conversación, la esposa de Miguel Uribe Turbay explicó que sus señalamientos sobre la posible participación de estructuras criminales y conexiones con Venezuela se sustentan, según dijo, en información que estaría en poder de la Fiscalía.
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Entre los elementos mencionó datos que recibió en su teléfono celular, chats enviados el 17 de abril, dos meses antes del magnicidio, y una carta que, según indicó, llegó a la Fiscalía aproximadamente tres semanas antes de la entrevista.
De acuerdo con su versión, estos elementos contienen información sobre el origen de los recursos económicos y la coordinación logística del asesinato.
“Primero, la plata vino de Venezuela. Entre el Vaupés y el Guainía se articulaba toda la logística y la financiación del magnicidio de Miguel”, aseguró.
En ese contexto, mencionó a Enrique Marulanda, a quien identificó como hijo de crianza de Sandra Ramírez y de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, y señaló que habría estado a cargo de parte de la logística.
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También hizo referencia a los mensajes en los que, según afirmó, aparece mencionado Marcos Calarcá. Sobre este punto, aclaró que se trata de dos personas diferentes: Marcos Calarcá, integrante del partido Comunes y firmante del acuerdo de paz de 2016, y alias Calarcá, a quien relacionó con una estructura de las disidencias de las Farc que no participó en ese proceso.
Tarazona sostuvo que los chats contienen referencias sobre quién habría ordenado el asesinato, dónde se ejecutaría y de dónde saldrían los recursos para financiarlo.

Tarazona se refirió a la investigación contra Sandra Ramírez
Otro de los asuntos abordados fue la situación de Sandra Ramírez, senadora del partido Comunes. Tarazona aseguró que la Fiscalía compulsó copias contra la congresista y que el asunto se encuentra en investigación ante la Corte Suprema de Justicia.
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La esposa del senador expresó preocupación por la magistrada encargada del proceso, debido a lo que considera coincidencias ideológicas con Ramírez.
Frente al desarrollo de esta investigación, pidió celeridad y rigurosidad en las actuaciones judiciales.
“Yo espero que haya celeridad en la investigación, que haya una rigurosidad frente a la normatividad y frente a la ley y frente a las actuaciones de la señora Sandra Ramírez”, señaló.
Asimismo, anunció que espera conocer información sobre unos desplazamientos que, según afirmó, habría realizado Ramírez el 2 de abril. Tarazona indicó que esas fechas coincidirían con información recibida en su teléfono celular sobre la presunta planeación del magnicidio y un posible atentado contra la senadora Paloma Valencia.
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La mujer aclaró que todavía no tiene certeza sobre lo ocurrido durante esos desplazamientos y que tiene prevista una reunión con el director del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía para conocer los resultados de las diligencias adelantadas en Caquetá, Guainía y Vaupés.
Según explicó, los investigadores se trasladaron a esos departamentos durante las tres semanas anteriores para recopilar información relacionada con las hipótesis sobre la organización y financiación del crimen.
También manifestó que, en los últimos tres meses, no se han producido nuevas capturas ni, desde su perspectiva, se han conocido indicios más contundentes sobre las líneas de investigación posteriores a las detenciones de Simeón y alias El Viejo.
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¿Qué dijo sobre los preacuerdos de los procesados por el magnicidio?
Tarazona también cuestionó los preacuerdos alcanzados por la Fiscalía con algunos de los procesados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, especialmente el relacionado con alias el Costeño, también identificado como Chipi.
Aseguró que se opuso a ese acuerdo porque considera que el procesado habría tenido un papel central en la organización del atentado en Bogotá.
Según su relato, alias el Costeño habría participado en la contratación del menor de edad que intervino en el ataque, en la adquisición del arma que habría llegado desde Venezuela y en la vinculación de otros menores a la estructura criminal.
La esposa del senador cuestionó que, a su juicio, el preacuerdo no hubiera permitido obtener información relevante para identificar a los responsables intelectuales del asesinato.
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Además, afirmó que el procesado habría borrado información de su teléfono celular y realizado actuaciones para desviar la atención de los investigadores.
Tarazona explicó que inicialmente presentó su oposición ante la Fiscalía, pero que el acuerdo ya había sido aprobado cuando acudió a esa instancia. Por ello, trasladó sus reparos a escenarios judiciales, donde espera una decisión.
Pese a sus cuestionamientos, manifestó que confía en el trabajo del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía y destacó la labor de Jorge Sandoval, a quien identificó como uno de los responsables de liderar las investigaciones.
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