Alcaldes de Morales y Miranda, en Cauca, pidieron protección a la UNP: “La seguridad es mi Dios”

Oscar Guachetá, alcalde de Morales, denunció la difícil situación que enfrentan él y otros mandatarios municipales a causa del grave orden público en Cauca. Guachetá aseguró que muchos alcaldes y alcaldesas en el departamento caucano y a nivel nacional dependen de la seguridad divina y salen a ejercer sus cargos con devoción a pesar de las amenazas constantes.

“Un gran porcentaje de alcaldes y alcaldesas en el Cauca, y yo diría que a nivel nacional, la seguridad es mi Dios. Salimos confiados, le oramos a mi Dios y salimos a ejercer nuestro cargo”, declaró el funcionario en dialogo con Noticias Caracol. El mandatario local precisó que en su municipio las amenazas son diarias y ha solicitado protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero la respuesta ha sido insuficiente.

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Según sus declaraciones, las solicitudes son registradas, pero no se reciben respuestas efectivas. Guachetá afirmó que luego de varios correos enviados, la entidad le responde que “su solicitud fue radicada con X número y ahí para todo. La UNP nunca responde” y añadió que “hacemos este trabajo con tanta devoción que entregamos el 100% y no nos interesa lo que nos pase”.

Además, Guachetá reveló que uno de los policías asesinados en Morales, Jaime Andrés Calderón Reyes, formaba parte de su equipo de protección, y el otro uniformado fallecido, Diego David López Rodríguez, lo reemplazaba en su ausencia. Ambos policías formaban parte del personal de seguridad que lo acompañaba en el casco urbano, pero no eran sus escoltas oficiales. Cabe recordar que durante el ataque del lunes 20 de mayo por disidencias de las Farc a la estación de Policía de Morales, murieron cinco personas, incluidos dos policías, dos detenidos y un indígena.

El funcionario hizo un llamado a la UNP para mejorar su eficiencia y respuesta ante la grave situación de seguridad que enfrentan los mandatarios locales en el territorio caucanos. Ante la creciente ola de violencia, solicita un apoyo más efectivo para proteger la vida y la integridad de los funcionarios públicos.

El alcalde de Miranda reportó una situación similar y estaría “buscando palanca” en la UNP

El departamento del Cauca se encuentra en una situación social crítica debido a una ola de violencia perpetrada por el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc. En las últimas semanas, han atacado tanto a la población civil como a la Fuerza pública.

Por su parte, el alcalde del municipio de Miranda, Walter Zúñiga, afirmó que la situación ha empeorado significativamente en el último mes. El funcionario detalló que en los últimos 35 días, se han registrado dos carros bomba: uno a la entrada del pueblo y otro cerca de la base militar del comando Apolo. El más reciente ataque se reportó el 17 de mayo, cuando un artefacto explosivo dejó un hombre y un menor de edad muerto, la madre del niño también resultó gravemente herida.

A pesar de la ola de violencia, Zúñiga indicó que no cuenta con un esquema de seguridad y tiene solo el acompañamiento de un policía. “Se me hizo el respectivo estudio de riesgos de manera extraordinaria, pero tocar puerta en la UNP es complejo. Aquí también estamos buscando palanca para eso. Es la hora de que no se me ha brindado un esquema”, expresó Zúñiga para la revista Semana, haciendo un llamado urgente al Gobierno y al presidente Gustavo Petro para que intervengan de manera integral en el departamento del Cauca y combatan a los grupos violentos.

Un informe del Ejército Nacional al sistema de monitoreo entre el gobierno y las disidencias de las Farc, Estado Mayor Central, reveló la comisión de 319 acciones violentas en dos meses, entre el 17 de marzo y el 14 de mayo. Estas incluyen 63 ataques contra la Fuerza pública, 44 casos de proselitismo, 28 instalaciones de artefactos explosivos improvisados, 27 homicidios, 21 secuestros y ocho casos de reclutamiento, entre otros. Las acciones del Estado Mayor Central han afectado principalmente a los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Caquetá, Valle del Cauca y Arauca. Los crímenes ocurrieron durante el cese al fuego bilateral ordenado por el gobierno de Petro.