Cinco funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han sido asesinados en lo que va del 2024, en medio de una creciente ola de violencia y amenazas que afecta a sus trabajadores. Óscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), expresó a El País que “hacer las cosas bien nos está causando muchas muertes y desasosiego a los funcionarios del Inpec”.
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El último asesinato ocurrió el jueves 16 de mayo, cuando Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo de Bogotá, fue ultimado. Según explicó Robayo, este ataque es parte de una serie de agresiones que han cobrado la vida de cinco trabajadores del Inpec en solo este año. Robayo atribuyó estos hechos a la implementación de férreas medidas de control y seguridad, como el Plan Dominó, el cual busca combatir la extorsión desde los centros penitenciarios y luchar contra la corrupción a nivel nacional.
La situación es alarmante, dado que más de 550 amenazas han sido recibidas por funcionarios del Inpec en los últimos dos años. Además, actualmente hay 27 directivos que están amenazados de muerte y no cuentan con protección adecuada. “Van más o menos 56 asesinatos en seis años. Hay 27 directivos del Inpec amenazados, empezando por el director General, y más de 550 intimidaciones en los últimos dos años, eso nos convierte en presa fácil”, afirmó Robayo a El País.
Robayo criticó a la Unidad Nacional de Protección (UNP), señalando que no ha brindado el apoyo necesario para prevenir estas muertes. Asegura que la mayoría de los funcionarios amenazados carecen de un esquema de seguridad sólido, incluyendo la falta de vehículos blindados. “La Policía, el Ejército, la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio de Defensa deben actuar, pues con simples cordones de seguridad afuera de las cárceles se pueden evitar muchas muertes y se pueden brindar más garantías a nuestra actividad, que es de alto riesgo”, añadió.
También destacó que las medidas de seguridad internas y el proceso de resocialización en los centros de reclusión son vitales, pero que enfrentan grandes desafíos debido a la violencia y las amenazas constantes. “Se están haciendo las cosas bien no solo en términos de seguridad, sino también en la resocialización y recuperación de los centros de reclusión, de las comunidades terapéuticas, entre otras acciones”, explicó Robayo, insistiendo en la importancia de mejorar las condiciones de seguridad para quienes trabajan en el sistema penitenciario.
Robayo recordó que la implementación del Plan Dominó ha sido fundamental para prevenir la extorsión y mejorar la seguridad, pero representa un riesgo significativo para quienes están directamente involucrados. “Hacer las cosas bien nos está causando muchas muertes y desasosiego a los funcionarios del Inpec”, reiteró, enfatizando la necesidad urgente de mayor apoyo y protección para el personal de la institución.
La situación del Inpec requiere intervención inmediata y coordinada entre diversas entidades de seguridad, para garantizar la protección de sus trabajadores. Los constantes ataques y amenazas son una muestra de los desafíos que enfrentan en su labor de control y resocialización dentro de las cárceles del país.
El homicidio de Elmer Fernández
La investigación del homicidio de Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, ha tomado varias vías en su búsqueda por esclarecer los móviles y responsables del crimen. Las autoridades no han descartado la implicación de bandas delictivas dedicadas a la extorsión. Bandas delincuenciales serían una de las principales hipótesis manejadas por los investigadores, que también consideran conflictos internos entre los privados de libertad del patio cuatro, donde residen miembros del Tren de Aragua.
Una línea de investigación adicional contempla la presencia de alias Pedro Pluma, autor de un panfleto con amenazas dirigidas a Fernández. Las autoridades evalúan la posibilidad de que Pedro Pluma haya sido incriminado por el Tren de Aragua, y no sea realmente el autor del asesinato ni de las intimidaciones previas.
Las teorías sobre el caso se expanden a otros actores potenciales, como el grupo autodenominado Muerte a Guardianes Opresores, específicamente el líder conocido como alias Mago aseguró a través de un panfleto que no tienen ninguna participación en la muerte de Fernández; sin embargo, sí amenazó al director de la cárcel Palogordo de Girón, Santander.
Por ahora las investigaciones siguen su curso.
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