
En la mañana del miércoles 15 de mayo, se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la libertad condicional al general (r) Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Por esta razón, el exoficial deberá continuar recluido en la cárcel, en medio de las investigaciones que se adelantan por los presuntos nexos con el paramilitarismo.
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El oficial en retiro fue citado el jueves 21 de marzo a una audiencia por el Caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con paramilitares y terceros civiles. Allí, los magistrados lo indagaron sobre sus vínculos con grupos paramilitares cuando fue comandante del Gaula en Medellín (Antioquia), cargo en el que estuvo entre los años 1997 a 2001.
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Sin embargo, Mauricio Santoyo negó cualquier tipo de responsabilidad por los hechos señalados y en la última audiencia no brindó ningún aporte nuevo o importate a la verdad.

De esta manera, el organismo publicó en sus redes sociales: “La JEP no concede el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada al general (r) Mauricio Santoyo Velasco”.
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En medio de la publicación, la JEP agregó que, “la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas considera que sus aportes de verdad presentados en audiencia el pasado 21 de marzo no son suficientes”.
La entidad publicó el documento en el que afirma que el general en retiro “ha optado por guardar silencio y negar su participación en los hechos, situación que acarrea implicaciones dentro del marco jurídico establecido para él”.
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Santoyo negó cualquier tipo de relación con alias Don Berna, Diego Fernando Murillo y con alias Gordolinodo, Francisco Javier Zuluaga, así como la recepción de sobornos por parte de estos hombres.

Es así que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (Sdsj) le ordenó al oficial retirado a ampliar por escrito de manera inmediata sus aportes de verdad como parte del seguimiento y evaluación de su régimen de condicionalidad. Luego advirtió que de no hacerlo, podrá ser expulsado de esa jurisdicción transicional.
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Santoyo se e detenido en el Centro Especial de Reclusión de la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, un beneficio otorgado por la JEP, el cual está en riesgo de perder si no cumple con las solicitudes de la Jurisdicción.
El general en retiro, quien cumplió condena por narcotráfico en Estados Unidos y retornó a Colombia en 2019, está bajo investigación por presuntamente recibir pagos y colaborar con grupos paramilitares durante su periodo como jefe del Gaula en Medellín. Asimismo, se le vincula con investigaciones relativas a la desaparición de Ángel José Quintero y Claudia Monsalve, miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asfaddes), y el asesinato del periodista Jaime Garzón.
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Al ser admitido en la JEP, se anticipó que Santoyo podría contribuir significativamente a las indagaciones de los macrocasos 06 y 08, centrados en la victimización de integrantes de la Unión Patriótica y las acciones ilícitas perpetradas por miembros de la fuerza pública o agentes estatales en colaboración con agrupaciones paramilitares o individuos civiles, respectivamente.

En el momento, Santoyo cuenta con dos procesos judiciales que han sido parcialmente suspendidos tras su incorporación a la JEP. Estos procesos corresponden a acusaciones de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada, así como de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por este último conjunto de cargos, Santoyo fue sentenciado en Estados Unidos, donde completó una pena de 85 meses de cárcel tras ser extraditado.
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Santoyo, retirado de la Policía Nacional en 2009, tuvo su primer encuentro con el expresidente Uribe en 1995 mientras era miembro de la unidad antisecuestro de la Policía. Posteriormente, brindó seguridad a su campaña electoral y sirvió durante su primer mandato presidencial (2002-2006).
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