El presidente Gustavo Petro anunció en sus redes sociales la decisión de entregar el Castillo Marroquín a la Universidad Pedagógica. El mandatario argumentó que la propiedad representaba una impostura de una “élite corrupta y esclavista”, y que el Gobierno nacional buscaba destinarlo a la educación de futuros maestros y maestras.
El lujoso castillo ubicado en el municipio de Chía (Cundinamarca) perteneció a Juan Camilo Zapata Vásquez, narcotraficante cercano a Pablo Escobar y amigo de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Manejaba el tráfico de cocaína en todo el centro del país.
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El castillo de estilo medieval, erigido hacia finales del siglo XIX por Lorenzo Marroquín Osorio, descendiente del expresidente José Manuel Marroquín, es una obra arquitectónica encargada en 1898 al afamado arquitecto francés Gastón Lelarge. Este proyecto, que contó con la valiosa colaboración de maestros de obra locales, Julián Lombana y Demetrio Chávez, expandiéndose sobre un terreno de 61 hectáreas, ha presenciado numerosos acontecimientos históricos.
Con el cambio de manos de la propiedad, los sucesivos propietarios enfrentaron dificultades que llevaron al castillo a un estado de abandono. Esta edificación ha servido diversos propósitos a lo largo de los años, desde cabaret hasta hospital psiquiátrico, hasta su adquisición en 1952 por parte del médico y escritor Roberto Restrepo, quien se dedicó a su restauración íntegra.
En la década de los setenta, el empresario petrolero Guillermo Villasmil se hizo cargo del castillo, implementando numerosas mejoras como la construcción de una piscina y la adecuación de estancias para huéspedes distinguidos. Más adelante, el castillo encontró en Juan Diego Silva Medina a un propietario comprometido con la devolución de su esplendor original, labor en la que contó con el apoyo del arquitecto Francisco Restrepo.
Fue así como en 1988, Juan Camilo Zapata pagaría cinco mil millones de pesos para quedarse con el Castillo Marroquín. De acuerdo con el teniente coronel de ese momento, Armando Ordóñez Santacruz, quien comandó el allanamiento del Castillo en 1989, relató que ese lugar era un centro de operaciones del narcotráfico.
También se comprobó que varios empleados de la lujosa propiedad o exgerentes de la empresa Inversiones Zapata Vásquez Ltda., de propiedad del capo, fueron asesinados y desaparecidos entre 1988 y 1989. Entre ellos se encontraron a: Jaime Laverde, Alejandro Mejía, Carlos Cárdenas, Ernesto Vélez y Jorge Darío Correa. Por su lado, otra de sus exempleadas, Ana Isabel Barrientos denunció que fue secuestrada por su entonces patrón.
¿Quién era Juan Camilo Zapata?
Oriundo del municipio de Campamento (Antioquia). Era conocido como alias Darío , integrante del Cartel de Bogotá y vinculado como enlace del Cartel de Medellín. Fue uno de los principales gestores de secuestros cuando inició la guerra de carteles en el país.
Según con las autoridades, Juan Camilo se dedicaba a la cría de caballos y, como aficionado, había participado en ferias nacionales e internacionales.
Su muerte llegó luego de ua persecución al cartel de Medellín en esa época. Zapata Vásquez se escondió en la finca La Florida de Copacabana (Antioquia), allí llegó la Policía para detenerlo el 26 de noviembre de 1993. Después de un cruce de disparos con sus escoltas, perdió la vida.
En 2001, la Fiscalía General de la Nación intensificó sus esfuerzos por investigar el origen del considerable patrimonio ilícito asociado a Zapata Vásquez. Cuatro años más tarde, como resultado de estas investigaciones, se procedió al embargo y secuestro de los bienes, a pesar de que la defensa de la familia Zapata Vásquez sostuviera la legalidad de tales activos.
En el 2005, la Policía ocupó una discoteca con forma de castillo y otras 62 propiedades de los herederos de Camilo Zapata Vásquez. Los bienes avaluados en 30.000 millones de pesos (unos 12,8 millones de dólares).
Entre otros inmuebles incautados incluyeron viviendas, terrenos, propiedades rurales y criaderos, fueron todos adquiridos al contado, sin la mediación de créditos bancarios, evidenciando las grandes sumas de dinero involucradas.
Pese a las numerosas evidencias presentadas por la Policía que lo vinculaban con actividades mafiosas, Zapata Vásquez nunca había sido condenado por tales acusaciones. No obstante, la disputa se resolvió definitivamente en marzo de 2021 cuando el Tribunal de Bogotá emitió un fallo, basándose en un exhaustivo documento de 84 páginas que demostraba el enriquecimiento ilícito. Los múltiples recursos de amparo presentados por la familia ante la Corte Suprema resultaron infructuosos.
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