La justicia colombiana ha propinado un nuevo revés al presidente Gustavo Petro al negar el incidente de nulidad que presentó contra una sentencia que lo obliga a retractarse públicamente por declaraciones sobre Marta Lucía Ramírez.
El Juzgado 66 Administrativo de Bogotá sostuvo que la conducta del mandatario implica “revictimización” hacia Ramírez, pues su rectificación anterior fue considerada insuficiente y contraria a lo ordenado, según informó Semana.
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La reciente decisión se debe a que la justicia decidió que la retractación de Gustavo Petro no se ajustó a la sentencia anterior, ya que incluía referencias a investigaciones que no estaban relacionadas con el caso original.
Por ello, el tribunal juzgó que el mandatario incurrió en revictimización, afectando la reputación y los derechos fundamentales de Marta Lucía Ramírez.
El juzgado exige que la retractación pública sea clara, limitada a los hechos que originaron el conflicto y sin agregar elementos adicionales.
El juzgado advierte revictimización y exige retractación total
De acuerdo con lo revelado por Semana, el fallo judicial destacó que la respuesta pública de Petro no acató la orden, pues en lugar de limitarse a retractarse por calificar a Ramírez como “socia comercial” de un “narcotraficante y paramilitar”, introdujo cuestiones ajenas al caso.
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El tribunal advirtió que esta conducta prolonga el perjuicio a la exvicepresidenta.
El auto resalta que la actuación del presidente genera dudas públicas sobre la honra y respetable nombre de la afectada. La sentencia, citada por Semana, recalca que traer a colación investigaciones ajenas excede el ámbito de vulneración y prolonga los efectos negativos.
El juzgado enfatizó que la retractación de Petro debe limitarse estrictamente al señalamiento original, sin aludir a otras situaciones.
De este modo, se busca restituir el derecho de la exvicepresidenta sin perpetuar el daño causado.
Antecedentes del proceso judicial entre Ramírez y Petro
El conflicto judicial comenzó el 22 de octubre de 2025, cuando el Juzgado 66 Administrativo de Bogotá ordenó a Gustavo Petro retractarse por declaraciones que vinculaban a Ramírez con actividades criminales. El presidente cumplió mediante una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), aunque la justicia la consideró incumplida.
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Tras esa orden, la defensa del mandatario interpuso recursos de reposición y apelación, ambos rechazados. Posteriormente presentó un incidente de nulidad alegando vulneraciones a derechos fundamentales y garantías procesales, recurso que el juzgado también negó, manteniendo firme la obligación de retractación.
En febrero de 2026, Petro emitió una nueva retractación en X, origen del más reciente pronunciamiento judicial. Esa publicación aportó argumentos sobre supuestas investigaciones a Ramírez, motivo por el cual el tribunal concluyó que persistía el incumplimiento.
Plazos finales y consecuencias de la decisión judicial
La decisión reciente atribuye a Petro un plazo de 48 horas para realizar una retractación en los términos ordenados, limitada al señalamiento que motivó el litigio, según detalló Semana. Si no cumple, podría enfrentar nuevas consecuencias legales, advirtieron fuentes del tribunal.
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El caso refuerza, según Ramírez, la exigencia de protección de los derechos fundamentales y la reputación de figuras públicas en Colombia.
El propio juzgado insistió en que la verdadera reparación depende no solo de una formalidad, sino de la efectividad de la retractación para restituir la honra lesionada.
Este proceso marca un precedente acerca del rigor que deben observar los altos funcionarios al emitir declaraciones y retractarse públicamente. El desenlace dependerá del cumplimiento cabal de la sentencia por parte del presidente.
En definitiva, la decisión de la justicia subraya que desviarse del mandato judicial, aun en formas indirectas, puede profundizar el daño reputacional de una persona, como ocurre en la disputa entre Gustavo Petro y Marta Lucía Ramírez.
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