
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, informó el 10 de mayo de 2024, desde Cali (Valle del Cauca), que la Fiscalía General de la Nación podría estar próxima a emitir una directriz con la que sería posible liberar a los jóvenes que participaron en las protestas del estallido social de 2021 y que terminaron detenidos por varios crímenes. Además, señaló al exfiscal Francisco Barbosa de haber impedido que la iniciativa avanzara durante su dirección.
“Ahora con la nueva fiscal (Luz Adriana Camargo) estamos trabajando y sé que muy pronto ella va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir”, aseveró el ministro Osuna.
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El 14 de mayo, explicó a varios medios de comunicación que parte de lo que se está buscando es que, después de una revisión de los casos, se puedan adelantar los procesos necesarios para que los jóvenes que siguen sin tener una condena, pero que permanecen tras las rejas, puedan defenderse en libertad.

“Habría que mirar, habría que distinguir los que estén condenados, los que estén sindicados, lo que los abogados soliciten. No es una cosa automática, pero, efectivamente, podría, si hay un cambio de imputación para los que no estén sindicados y por el tiempo que ha pasado, si están privados de libertad, pues podríamos estar ante una causal de libertad condicional para que atiendan el juicio en libertad”, precisó el jefe de la cartera.
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No obstante, en su cuenta de X (antes Twitter), el abogado penalista Julián Quintana criticó el anuncio de Osuna, asegurando que el beneficio de libertad condicional únicamente aplica para personas que ya han sido condenadas, más no para aquellas que todavía estén siendo investigadas. Además, aclaró que en la Ley 906 de 2004, por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, solo existe la figura de indiciado o acusado, no la de sindicado.
Finalmente, afirmó que no es posible cambiar las imputaciones, sino que se hacen variaciones en las clasificaciones de lo jurídico y no de lo fáctico, indicando, además, que es algo excepcional. “Preocupa mucho que, además de estas profundas imprecisiones, quieran pasar por encima de la constitución, la ley y los jueces”, aseveró en X.
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Ante los micrófonos de los medios, Osuna indicó que la directriz que se espera pueda ponerse en marcha tiene como objetivo instar a los fiscales para que, a las personas investigadas por hechos ocurridos en medio de protestas, no se les impute cargos por concierto para delinquir y terrorismo. De esta manera, solo se les indagaría por lo que hayan hecho en medio de las manifestaciones, ya sea un acto de violencia contra una persona, daño a los bienes u homicidio, por ejemplo.
El ministro insistió en que el exfiscal Barbosa abandonó la directriz y ahora espera que la fiscal Camargo pueda retomarla. No obstante, aclaró que, por ahora, no hay nada asegurado. “La Fiscalía está analizando el tema y no ha habido una respuesta y por supuesto que acataremos y recibiremos con beneplácito cualquiera que sea su directriz”, aseguró el ministro.
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Asimismo, precisó que no cuenta con información actualizada con respecto a los jóvenes que en este momento están en prisión por hechos ocurridos en protestas. “De los listados que tiene el Gobierno de personas que fueron detenidas por esos hechos, buena parte de ellos han ido saliendo por vencimiento de términos, por declaración de absolución, también había algunos condenados que están en la cárcel”, dijo Osuna.

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