
El expediente del Consejo Nacional Electoral (CNE), contra la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro, sigue siendo tema de discusión a nivel nacional, debido a que sigue acumulando pruebas en cuanto a la supuesta omisión del reporte de pagos a testigos electorales en las elecciones presidenciales de 2022.
De acuerdo con el CNE, en su investigación se han documentado giros a empresas de servicio postal, con el objetivo de que fueran las encargadas de realizar los pagos a las personas que sirvieron como testigos electorales. Según el expediente, se habrían utilizado las plataformas de las compañías SuperGiros y Su Red para depositar el dinero a las personas que prestaron sus servicios. Por ejemplo, la autoridad electoral aseguró que se cancelaron 4.000 millones de pesos para las elecciones al Senado de la República, que fueron facilitadas por las dos firmas mencionadas.
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“De acuerdo con las pruebas remitidas por la empresa Matrix Giros y Servicios S.A.S. - Su Red, se logra establecer que el pago a testigos electorales tuvo su génesis en la aceptación de la oferta comercial entre esta compañía y la coalición Pacto Histórico para el proceso electoral del Senado de la República, que se surtió por un valor de $4.000.000.000, cuyo objeto era el ‘giro de auxilios para testigos electorales’”, indica el documento del CNE.
La información oficial presentada ante el CNE no concuerda con el documento, debido a que en el aplicativo Cuentas Claras de la entidad se registra una suma de 2.246 millones de pesos a 33.376 testigos electorales a través de Su Red. Además, presuntamente hubo más testigos contratados que los que se informaron en el aplicativo del CNE.
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El expediente del Consejo Nacional Electoral indica que la compañía contratada por la campaña, Ingenial Media S. A. S. le giró a Su Red 931 millones de pesos para el pago de 30.256 testigos cuyos servicios fueron prestados en junio de 2022. Sin embargo, se aclara que la compañía solo tuvo acuerdos con el Pacto Histórico para realizar el control y capacitación de los testigos electorales.
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Entre los nombres que aparecen como clientes, se encuentra Ricardo Roa (actual presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña), Guillermo Alfonso Jaramillo (gerente de la campaña del Pacto Histórico al Congreso de la República y actual ministro de Salud) y Dagoberto Quiroga Collazos (hoy superintendente de servicios, pero en su momento representante legal de partido Colombia Humana).
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Ante las pruebas presentadas por el CNE, el expediente concluye que “por lo antes expuesto, es dable concluir, que materialmente se efectuaron pagos a testigos electorales para la campaña; que tales hechos económicos no fueron reportados dentro del informe de ingresos y gastos de la campaña, que no existe un rastro del origen de los recursos trasladados por la empresa Ingenial Media S. A. S. a Matrix Giros y Servicios - Su Red”.
De igual forma, el documento del Consejo Nacional Electoral indica que “la empresa Ingenial Media S.A.S. jurídicamente no podía donar los recursos que invirtió para el pago de testigos electorales, por ser una persona jurídica y; que efectivamente le asistía razón al quejoso anónimo cuando expuso, entre otras cosas, que ‘el señor Jonathan Ramírez Nieves y el señor Ricardo Roa incumplieron la ley al no reportar las donaciones que se recibieron”.
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Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha manifestado en más de una ocasión que los magistrados que pusieron la lupa sobre las finanzas de la campaña, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, “metieron gastos por fuera de la fecha de campaña para decir que se sobrepasaron los topes y lo hacen buscando que se aplique el art. 109 y se inicie juicio por indignidad al Gobierno y se anule el voto popular del 2022″.
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