Se ha presentado un presunto caso de abuso sexual que implica a un maestro de la escuela El Diviso, una sede rural de la Institución Educativa Juan Ignacio Ortiz situada en el municipio de San José de Albán, en el departamento de Nariño. La Procuraduría ha procedido a formular cargos disciplinarios contra el docente implicado en este grave incidente. La afectada, una estudiante menor de edad de la misma institución educativa, sufre además de una condición de discapacidad muscular.
De acuerdo con la información de la Procuraduría General de la Nación, los sucesos bajo investigación, que se extendieron desde 2018 hasta 2019 y posiblemente más allá, han llevado a las autoridades a emprender un exhaustivo proceso de recolección de testimonios y recopilación de pruebas documentales.
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La menor de edad, enfrentando desafíos adicionales debido a su condición de discapacidad, reveló a su madre y a su tía los hechos, llevando así el caso ante la atención de las autoridades competentes. Actualmente, estos testimonios han colocado al profesor bajo el escrutinio de dichas entidades, responsabilizándole de responder a las graves acusaciones presentadas contra él.
Desde la Procuraduría Regional de Instrucción de Nariño, el análisis de las pruebas recabadas sugiere que el educador habría incurrido en conductas que comprometen seriamente la integridad física y sexual de la estudiante. Este conjunto de evidencias apunta a un posible abuso de confianza y poder por parte del docente, desencadenando una investigación formal para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes ante tales acusaciones.
El representante del Ministerio Público ha emitido una seria advertencia acerca de la conducta del maestro implicado, destacando que, utilizando su posición de autoridad y aprovechándose tanto de su rol dentro de la institución educativa como de la vulnerabilidad asociada a la discapacidad física de la menor, “quebrantó sus deberes e incurrió en prohibición porque probablemente accedió carnalmente y de forma abusiva a la menor”.
Este docente, que, ha sido parte de la comunidad educativa por dos décadas, se encuentra actualmente sujeto a una investigación penal. Las acusaciones que enfrenta lo responsabilizan por el delito de acceso carnal abusivo con una menor de 14 años.
Recientemente, el Ministerio Público informó de un caso similar en Santander. Ya que al parecer, un profesor tenía una relación afectiva con una estudiante de 15 años.
La Procuraduría General de la Nación ha puesto en marcha un procedimiento administrativo disciplinario dirigido a Babington Leonardo Arenas Calderón, que ejerce su profesión como docente de informática en la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. La causa de dicha acción son las conductas de Arenas Calderón, las cuales han sido denunciadas y clasificadas como faltas de respeto hacia una estudiante menor de edad. De acuerdo con la información proveída en el pliego de cargos, el profesor Arenas Calderón está siendo investigado debido a alegaciones de comportamiento inadecuado dirigido a una alumna del centro educativo y por entablar una supuesta relación amorosa con la menor, quien tiene 15 años.
La Procuraduría Provincial de Bucaramanga emprendió la revisión de pruebas anónimas, entre las cuales se incluyen imágenes que documentan interacciones entre el profesor y la estudiante dentro de las instalaciones del centro educativo a lo largo del año 2023. Dicha evaluación se enfoca en analizar si estas conductas constituyen una transgresión al principio de moralidad, el cual es fundamental en la regulación del comportamiento del docente investigado. Este proceso se centra en determinar si el implicado ha faltado a su obligación de actuar con respeto y integridad hacia quienes están a su cargo.
Ante la seriedad de las acusaciones y el carácter deliberado de las presuntas infracciones, la Procuraduría ha determinado de forma preliminar que la conducta de Arenas Calderón reviste carácter de gravedad, configurándose como un acto realizado con dolo. Este desarrollo enfatiza la determinación de los órganos de control por proteger los derechos y el bienestar de los menores en el ámbito educativo, y reafirma la necesidad de que los docentes exhiban una conducta intachable, alineada a los principios éticos y morales que deben regir su profesión.
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