Comisión de Acusación de la Cámara citó a varios funcionarios por la presunta financiación irregular de la campaña Petro

Continúa la investigación en contra del presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa, gerente de la campaña del Pacto Histórico, por presuntas violaciones a las normativas de financiación en las elecciones de 2022.

En medio del proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE), y en el que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz presentaron la solicitud de formulación de cargos; el sábado 11 de mayo se conoció que el Congreso de la República retomará parte de la investigación.

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La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes citó a varios funcionarios que podrían aportar al esclarecimiento de la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente.

Así las cosas, el 16 de mayo tendrán que entregar declaración Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y Armando Benedetti, embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). También deberán rendir versión Máximo Noriega, Pedro Flórez, Christian Daes y Agmeth Escaf.

La Comisión de Investigación y Acusación también pidió copia del expediente a la Comisión de Disciplina Judicial y a la Procuraduría General de la Nación remitir las declaraciones hechas por Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, al fiscal Mario Andrés Burgos, así como de toda la investigación que se adelanta en relación a su participación en la campaña de su padre.

Los representantes a la Cámara que solicitaron las pruebas testimoniales fueron Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe, del Pacto Histórico; y Wilmer Carrillo, del Partido de La U.

Cabe recordar que el 24 de abril el abogado Mauricio Pava, defensor del presidente Gustavo Petro, le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que solicitara a la Fiscalía General de la Nación entregar copias de la investigación a dicha corporación.

“Le pedimos a la Comisión de Investigación y Acusaciones que le oficiara a la Fiscalía, para que esa información, una vez fuera consolidada, se remitiera a la comisión y allá empezaremos a hacer las evaluaciones en tiempo, modo, veracidad y demás”, dijo el jurista reiterando su disposición de colaborar con la investigación.

Además, aseguró que el jefe de Estado ha actuado conforme a la ley desde su campaña a la presidencia. “El comportamiento del presidente Gustavo Petro es absolutamente transparente frente a su campaña. Él dio las indicaciones que correspondían, y la defensa confía en que ese comportamiento se tradujo también en los controles de la estructura administrativa de la campaña”, comentó.

La investigación contra la campaña de Petro se fundamenta en un detallado expediente de más de cien páginas que presenta pruebas documentales y testimoniales que evidenciarían omisiones en la declaración de contribuciones en especie que ascenderían a $2.000 millones, supuestamente hechas por la empresa de criptomonedas Daily Cop. Adicionalmente, se examina la recepción de importantes sumas de dinero por parte de Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO), cuyas donaciones se estiman en $500 y $600 millones, respectivamente.

También se reveló que aproximadamente 35.000 testigos electorales podrían haber recibido una remuneración de $60.000 durante el día de las elecciones, sumando otro millón más a las cifras no reportadas oficialmente.

El presidente Petro, mientras tanto, asegura que la investigación sobre su campaña electoral se trata de un “golpe blando” en su contra. “Ha comenzado el golpe blando (...) Ni un gasto en testigos electorales que hagan partidos en cuidar los votos ya depositados es un acto de campaña, al contrario es un derecho y una obligación ciudadana. La campaña por ley termina antes del día de elecciones (sic)”, dijo el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).