El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, se encuentra trabajando en una directriz con la que se busca librar a los jóvenes que fueron encarcelados por participar en las protestas sociales de 2021, contra la administración de Iván Duque. Aseguró que la funcionaria estaría próxima a pronunciarse favorablemente al respecto.
“Sé que muy pronto ella va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir”, aseveró el jefe de la cartera durante una jornada de Gobierno con los Barrios Populares llevada a cabo en Cali (Valle del Cauca).
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Frente a esto, la Fiscalía General de la Nación se pronunció indicado que, en efecto, es conocedora de la solicitud que hizo el Ministerio de Justicia, en aras de evaluar las imputaciones que tienen los jóvenes encarcelados. Sin embargo, indicó que nada está fijo todavía: “Antes de adoptar una postura oficial al respecto, la Fiscalía se encuentra estudiando los argumentos del ministro Néstor Osuna a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina jurídica internacional, principalmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
De igual manera, indicó que la última palabra no la tiene el ente acusador, sino los jueces penales competentes que asuman los casos en cuestión. Asimismo, la Sala de Casación Penal también podrá emitir fallos, en caso de que se llegue a una última instancia en los procesos.
La directriz del ministro de Justicia se basa en los intentos que han surgido por liberar a los jóvenes, pero que han fallado por múltiples razones. De acuerdo con el jefe de la cartera, en un primer momento se buscó la probación de un proyecto de ley en el Congreso de la República con el que se permitiría poner en libertad a las personas que permanecen tras las rejas “injustamente”.
De igual manera, señaló al exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa impidió que otra iniciativa similar prosperara. “Mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de que una directriz que él cambió en la Fiscalía, que decía que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, debería aplicarse. Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar”, aseveró.
De acuerdo con información recogida por Mutante, más de 500 personas fueron encarceladas por hechos relacionados con el estallido social y están señaladas de múltiples crímenes, como terrorismo, concierto para delinquir, lesiones personales, entre otros. El abogado Alejandro Ramírez, que integra el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (Cspp), indicó al medio citado que las judicializaciones de estas personas solo muestran que lo que se busca es generar “temor” a protestar e impulsar una estigmatización sobre los manifestantes.
Así las cosas, el presidente Petro informó que se busca crear una comisión de la verdad, en aras de esclarecer los hechos de violencia registrados durante el estallido social. “Obviamente, no podemos reemplazar la investigación judicial. Pero sí podemos, como ya sucedió con el conflicto armado, realizar una exploración académica, incluso, sobre los hechos que sucedieron aquí”, precisó. Además, indicó que es necesario darle el estatus de víctimas a las personas arrestadas, así como a las familias de los jóvenes asesinados.
El anuncio de una posible liberación de los jóvenes no cayó bien en algunos políticos, que se pronunciaron rechazando la iniciativa. La congresista María Fernanda Cabal, por ejemplo, comparó al Gobierno nacional con una “dictadura” por buscar sacar a las personas que están privadas de la libertad. “Todo acto que pretenda darle libertad a procesados y condenados por crímenes en lo que mal llamaron estallido social, deberá ser sometido a demanda. Las víctimas de este país no pueden ser burladas por los anhelos subversivos de unos cuantos”, escribió Cabal en X.
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