
En la noche del 9 de mayo se conoció una carta firmada por más de 30 exmagistrados del Consejo de Estado en la que expresaron su desacuerdo con el presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario cuestionara la decisión de dicho tribunal de suspender de manera temporal el decreto con el que el presidente buscaba asumir funciones de la Comisión Reguladora de Energía (CREG) para reducir las tarifas eléctricas en Colombia.
Horas después, el mandatario respondió a la comunicación a través de sus redes sociales. “Con todo respeto a los exconsejeros, la autoridad electoral es administrativa y sus ponentes no están respetando la independencia de poderes y el respeto al fuero presidencial que es constitucional”, manifestó en su cuenta de X.
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Sin embargo, la respuesta de Petro no se limitó a cuestionar la postura de los exmagistrados con relación a quién debería asumir el control de la CREG, sino que también se refirió a la ponencia con cargos emitida por la Comisión Nacional Electoral (CNE), que entraría a investigar posibles irregularidades en su campaña presidencial. Días atrás, además de tachar como “vagabundos corruptos“ a los ponentes del CNE, Petro insistió que la entidad no tiene competencia para investigarlo, pese a que se trataría de una investigación de carácter administrativo y que cubriría su campaña, más no al presidente en sí.
Ante esto, tanto el CNE como la Registraduría Nacional del Estado Civil repudiaron las descalificaciones del jefe de Estado, y recordó que la Constitución Política les otorga facultades para adelantar investigaciones alrededor de situaciones que puedan comprometer la legitimidad en la escogencia del mandatario. “Se afecta la democracia cuando quien está llamado a garantizar la unidad nacional y la estabilidad institucional, descalifica las actuaciones de las autoridades debidamente constituidas”, concluyó el CNE en un comunicado.

En una publicación posterior, Petro calificó como “un exabrupto de aquí a Cafarnaúm” la postura del CNE relacionada con considerar como gasto de campaña el pago a los testigos electorales responsables de garantizar el escrutinio. “Cuidar el voto ya depositado es una obligación y un derecho ciudadano. La campaña termina el día anterior a las elecciones dictamina la ley”, manifestó.
¿Qué decía la carta de los exmagistrados?
En el comunicado difundido por Semana, los exmiembros del Consejo expresaron su sorpresa ante la actitud del Presidente de la República al poner en duda las decisiones de la entidad tomadas “de manera legítima” y jurídica por los jueces, apuntando que con sus comentarios Petro ha intentado “ridiculizarlas”.
La postura expresada por los exmiembros del Consejo de Estado se produjo tras las declaraciones del presidente Petro el pasado martes 7 de mayo, cuando declaró que su Gobierno no había cumplido con la meta de reducir las tarifas de energía, achacándolo a obstáculos jurídicos. Por ese motivo, planteó la necesidad de revisar la fórmula de la CREG para determinar los cobros por el servicio a nivel nacional.
Con los “obstáculos”, Petro hizo referencia a la providencia del Consejo de Estado en la que le pidió al Gobierno nacional proceder con el nombramiento inmediato de los seis miembros que conformarían la nueva CREG. La orden sirvió para ponerle fin al estado de provisionalidad en el que se encontraba la comisión –que fue intervenida por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre)– en lo que se calificó como una acción sin legitimación–.
El fallo del Consejo de Estado también ratificó la sentencia previa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, publicada el pasado 25 de enero de 2024, que también pedía por el nombramiento inmediato de los seis miembros en regularidad. “No más dilaciones, no más pretextos”, expresó el ente judicial en su concepto.
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