Un juez de la República ratificó la remoción de Carlos Jorge Jaller Raad de la rectoría de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
El señalado de haber tejido una red de corrupción que terminó en el detrimento patrimonial de la institución de educación superior ha intentado, por distintos medios, retomar el cargo del que fue retirado en el 2016, pese a que en la actualidad hay una orden de captura en su contra.
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El miércoles 8 de mayo de 2018 el consejo directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla informó que la justicia colombiana ratificó la decisión, motivo por el que el señor Jaller no podrá retomar el poder en la institución, como aparentemente planeaba hacerlo.
Un “juez de la República confirma que Carlos Jaller no podrá volver a la rectoría de la Universidad Metropolitana, y que su remoción en 2016, luego de que se descubriera el saqueo perpetrado por él, goza de toda legitimidad, informaron desde el consejo directivo.
La justicia ha confirmado la validez de la decisión de remover a Jaller de sus funciones, cerrando así un prolongado ciclo de litigios y denuncias.
El caso de corrupción por el que Carlos Jaller está en problemas con la justicia
Carlos Jorge Jaller Raad, y el clan que encabeza, es señalado de un millonario desfalco no solo a la institución educativa sino al Hospital Metropolitano.
Este desfalco superó los 30 mil millones de pesos, sumiendo a la comunidad académica y al centro de salud en una profunda crisis institucional y financiera.
En la actualidad y como lo resaltaron en un comunicado emitido por el consejo académico del claustro, “contra Jaller pesa una medida de aseguramiento”, derivada de las investigaciones que lo implican a él, a su esposa Ivonne Acosta Acero, y otros miembros de su círculo más íntimo, en una serie de acciones fraudulentas que han perjudicado gravemente a la Universidad Metropolitana.
A finales del 2023, Jaller Raad buscó ante un juez de garantías un “restablecimiento del derecho”, intentando revocar las acciones administrativas que lo apartaron de la rectoría tras el descubrimiento del robo.
El exrector, quien desde el año 2016 no ocupa el cargo, apeló a distintas jurisdicciones con pretensiones similares, en un esfuerzo por recuperar su posición en la Universidad y en el Hospital Metropolitano.
Sin embargo, como lo resaltaron desde el consejo académico, “un juez de la República, reprochando que Jaller ha acudido a distintas jurisdicciones con la misma pretensión, negó el restablecimiento”, marcando un precedente importante en el manejo de este tipo de casos de corrupción académica y sanitaria.
La Fiscalía General de la Nación, tras ser alertada de los hechos, imputó y solicitó una orden de captura en contra Jaller y los miembros de su grupo, caracterizado por la justicia como un clan criminal. Se trata de un complejo entramado de corrupción que utilizó su influencia y posición dentro de la universidad para desviar fondos de manera ilícita, afectando el desarrollo y la estabilidad financiera de la institución.
La comunidad académica y los empleados de la Universidad Metropolitana, así como de su hospital asociado, han recibido con “beneplácito la decisión judicial”. Esta resolución no solo confirma la legitimidad de las medidas adoptadas contra Jaller y su entorno sino que también marca un paso adelante en la protección de los intereses y la integridad de las instituciones educativas y de salud frente a actos de corrupción.
La insistencia en la “necesidad de que la justicia agote todas las instancias posibles” para recuperar los fondos apropiados ilícitamente por el clan Jaller refleja el deseo de la comunidad afectada por este escándalo de ver restituida la justicia y los recursos desviados.
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