Gustavo Petro insistió en que el Consejo Nacional Electoral quiere “vulnerar los derechos políticos de los colombianos”

El miércoles 8 de mayo se conoció la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de indagar la campaña presidencial con la cual Gustavo Petro llegó a ser presidente de Colombia, luego de que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaran la ponencia que pide una investigación en virtud de las evidencias que habrían hallado sobre la presunta violación de los topes de financiamiento.

En esas, toda la polémica ha sido conducida por las severas críticas en contra del mandatario. Pero en una doble vía, el jefe de Estado también ha estado activo en sus redes sociales para irse en contra del CNE.

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El primer mandatario ha calificado la investigación como “el inicio de un golpe blando”, y también la ha tildado como un despliegue de acciones en su contra y de su campaña presidencial de 2022. Ahora, en recientes publicaciones ha destacado que la entidad electoral “busca vulnerar los derechos políticos de más de once millones de electores”, como lo dijo en respuesta a un artículo que publicó el diario nacional El Nuevo Siglo.

En primer lugar, a través de un mensaje, pretendió corregir al medio en el que se afirmó que el CNE es “una autoridad judicial”. Ahí aprovechó para completar sus palabras con el directazo a la autoridad administrativa que, en caso de encontrar que, en efecto, se superaron de manera irregular los topes de la campaña, el caso irá al Congreso.

“El consejo nacional electoral no es una autoridad judicial señores del Nuevo Siglo, es una autoridad administrativa que busca vulnerar los derechos políticos de más de once millones de electores”, dijo el primer dignatario en X (anteriormente Twitter).

Llamado a la movilización

El presidente Petro ha dado muy fuertes declaraciones sobre la novedad: “Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente, porque cuatro o cinco vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren y no ningún juez penal, porque el presidente no ha cometido ni cometerá delito alguno”, dijo Petro.

Y también instó a la movilización: “Estamos ante una arbitrariedad: una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde es con la fuerza del pueblo. Invito a todas las instancias del Pacto Histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular. La democracia entra en emergencia. A los colombianos progresistas en el exterior, iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de Estado en Colombia”.

El CNE, al anunciar la apertura formal de la investigación contra Petro y algunos directivos de su campaña acusados de violar topes electorales y utilizar fuentes ilícitas de financiamiento, repudió enérgicamente las declaraciones del presidente.

“Rechazamos de manera categórica las declaraciones recientes del presidente de la República, Gustavo Petro, a propósito de la investigación administrativa que adelanta este cuerpo colegiado”, enfatizó el CNE en un comunicado.

Una posible pérdida de investidura

Ahora, toda esta situación podría tener implicaciones significativas para el presidente del país, y Ricardo Roa, encargado de la gerencia de su campaña por el Pacto Histórico, incluida la posible pérdida del cargo político para el actual mandatario. Este escenario abre una serie de procedimientos legales complejos, que pasarían del CNE al Congreso colombiano. Expertos en derecho, como Hernando Herrera Mercado, destacaron en diálogo con Infobae Colombia que, aunque se han formulado cargos, todavía hay varios pasos por seguir antes de que se pueda determinar una responsabilidad definitiva.

Bajo la legislación colombiana, específicamente citando el artículo 109 de la Constitución, las infracciones relacionadas con la superación de los límites de financiación electoral pueden acarrear penas de prisión de cuatro a ocho años, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.