Luego de conocerse sobre la radicación de la ponencia de formulación e imputación de cargos por parte del Consejo Nacional Electoral contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, por presunta violación de los topes permitidos en la legislación nacional, el mandatario usó su cuenta de X para defenderse de las acusaciones.
Según informó, las acciones adelantadas por el CNE corresponden a un intento para tumbar su Gobierno, pues aseguró que muchos de los gastos que están en cuestión se dieron por fuera de la campaña. “Ha comenzado el golpe blando”, aseguró.
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De hecho, el primer mandatario aseguró que la información que se ha ofrecido en medios de comunicación sobre el escándalo que envuelve también al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha estado plagada de sesgos, a pesar de los testimonios ofrecidos en las últimas horas por Omar Hernández, uno de los creadores de la moneda Daily Cop, y quien confirmó un encuentro con el entonces jefe de campaña.
“Pueden ustedes observar que donaciones a partidos, tales como las que hizo Keralty al Centro Democrático, pero aquí de sindicatos a Colombia Humana, las vuelven irregulares cuando son permitidas por la ley y que gastos supuestos después de que termina la campaña electoral son presentados como si fueran dentro de la campaña”, señaló Petro.
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Además, el presidente aseguró que el pago a los 35.000 testigos electorales que colaboraron en los escrutinios no hace parte de los gastos de su campaña a la Casa de Nariño, aunque es uno de los puntos principales en la ponencia de imputación radicada en el CNE.
“Ni un gasto en testigos electorales que hagan partidos en cuidar los votos ya depositados es un acto de campaña, al contrario es un derecho y una obligación ciudadana. La campaña por ley termina antes del día de elecciones (sic)”, concluyó.
Las palabras del presidente se dieron apenas minutos después de que se conociera que el CNE podría iniciar formalmente una investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro, marcando una nueva etapa en el escándalo que envuelve supuestas violaciones a los límites de financiación.
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Este 8 de mayo, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz presentaron una extensa ponencia, abriendo el procedimiento oficial contra el mandatario y su equipo de campaña. Este documento, que supera las cien páginas, contiene pruebas documentales y testimonios que detallan las presuntas irregularidades durante la campaña del ahora presidente, incluyendo la no declaración de aportaciones en especie de la compañía Daily Cop, valoradas en dos mil millones de pesos.
Además, también demostraría las irregularidades en las contribuciones de entidades como Fecode y la USO, que resultaron vinculadas al escándalo por el caso de casi 35.000 testigos electorales que habrían recibido pagos no registrados de 60.000 pesos cada uno el día de las elecciones, sumando más de 1.000 millones de pesos ocultos.
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La situación ahora pasa a manos de los ocho magistrados del CNE, quienes deben decidir si avanzan con la formulación e imputación de cargos o si desestiman el caso. Este proceso no solo tiene implicaciones administrativas para los directivos de la campaña involucrados, sino que también podría afectar investigaciones posteriores llevadas a cabo por la Comisión de Acusaciones, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia con respecto a Gustavo Petro y otros altos funcionarios.
Entretanto, la defensa del primer mandatario ha alegado que uno de los magistrados que radicó la ponencia podría estar inhabilitado para investigar en este caso. Se trata de Álvaro Hernán Prada, a quien han vinculado a presuntos nexos con personas relacionadas con el narcotráfico.
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Según indicaron, Padra habría asistido en 2016 al matrimonio de Juan Guillermo Mancera, exoficial de la Policía involucrado en la posesión de una avioneta interceptada en 2021 por transportar cocaína hacia Estados Unidos.
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