Un nuevo capítulo se abre en el escándalo por violación de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro, después de que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaran en la mañana de este 8 de mayo la ponencia de formulación, imputación y formulación de cargos, que abriría formalmente la investigación contra el hoy presidente y su equipo de campaña.
El documento consta de más de cien páginas que estaría lleno de pruebas documentales y testimonios que comprobarían las irregularidades en el equipo del entonces candidato, incluida la omisión de los aportes en especie entregados por la empresa Daily Cop, que ascienden a dos mil millones de pesos.
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Los puntos críticos de la acusación también giran en torno a varias contribuciones cuestionables, incluyendo donaciones sustanciales por parte de entidades como Fecode y la USO. Estas alegaciones se basan en un meticuloso cruce de información financiera entre la campaña y diversas entidades de giros financieros, que revelaron que cerca de 35.000 testigos electorales recibieron un pago de sesenta mil pesos el día de las elecciones, sumando más de mil millones de pesos no declarados.
La implicación de Fecode y la USO es particularmente significativa. Fecode, por ejemplo, habría aportado 500 millones de pesos a la campaña, lo que suscita dudas sobre una posible triangulación financiera destinada a encubrir el verdadero empleo de los fondos. La USO, por otro lado, se menciona con una contribución de seiscientos millones de pesos, confirmada por una auditoría de su asamblea nacional de delegados.
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Una revelación adicional detalla la participación del profesor Cristian Uscátegui, quien confirmó haber recibido 60.000 pesos por su rol durante la jornada electoral, un testimonio que causó revolcón en la opinión pública del país, pues nunca fueron registrados esos pagos en los libros contables de la campaña Petro Presidente.
Desde una perspectiva procedimental, con la radicación del documento de acusación, los ocho magistrados del CNE ahora deben decidir si proceden con la formulación e imputación de cargos o si, por el contrario, deciden archivar el caso.
Esta decisión marcaría el siguiente paso en una investigación que no solo tiene repercusiones administrativas para los directivos de la campaña implicados, sino que también podría influir en investigaciones primarias llevadas a cabo por la Comisión de Acusaciones, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia sobre Gustavo Petro y otros funcionarios de alto nivel.
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Defensa de Gustavo Petro busca inhabilitar al magistrado Álvaro Hernán Prada
La defensa del presidente colombiano Gustavo Petro está adoptando medidas estratégicas ante la investigación en curso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) en relación con su campaña presidencial.
Mauricio Pava, uno de los abogados del mandatario, ha solicitado que el caso sea transferido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, argumentando que es la entidad adecuada para investigar a un presidente en funciones, según le informó a El Tiempo.
Dicha solicitud se basa en el principio de que el Congreso posee la competencia exclusiva para proceder en asuntos que involucren al jefe de Estado. Además, la defensa de Petro busca cuestionar la participación del magistrado Álvaro Hernán Prada en la investigación, alegando un posible conflicto de intereses debido a su asistencia a un evento social relacionado con individuos vinculados a actividades ilícitas.
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La controversia gira en torno a la relación de Prada con Juan Guillermo Mancera, exoficial de la policía involucrado en la posesión de una avioneta interceptada en 2021 por transportar cocaína hacia Estados Unidos.
Este avión pertenecía supuestamente a Mancera junto a otros individuos, entre ellos Carlos Eduardo Restrepo Osorio, quien ha admitido cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Este último es cofundador de una empresa que ofreció servicios a la campaña de Petro y al Pacto Histórico para el Congreso.
El magistrado Prada, quien militó en el partido Centro Democrático, guarda silencio ante estas acusaciones. Sin embargo, se había anticipado un posible conflicto de intereses que fue eventualmente descartado por sus colegas en el CNE, quienes aseguraron que Prada ofrece garantía de imparcialidad en el proceso investigativo.
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