La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la preocupante situación para las mujeres transgénero en Colombia. De acuerdo con la entidad, entre febrero y abril de 2024 fueron asesinadas ocho mujeres trans; y existe riesgo alto para esta población que, con mayor rigor, soporta marginación y violencia en todo el territorio nacional.
Las víctimas recientes eran Luisa Mome, Paulina Smith Arroyave, Macarena Acuña y Sharon Muñoz Zúñiga, ultimadas en el Valle del Cauca; Luciana Román y Verónica Dantez, que murieron en actos violentos en Bogotá; y Valentina Barrera Delgado en Nariño y Thaliana Fajardo, a quienes les arrebataron sus vidas en el departamento del Tolima.
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“Desde la Defensoría repudiamos los homicidios, amenazas y violencia por prejuicio exacerbada en contra de esa población, que también goza de los mismos derechos que cualquier grupo poblacional o persona residente en el territorio nacional”, expresó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Según la Defensoría, se les ha venido brindando acompañamiento y representación jurídica a las familias de las víctimas que han podido ser contactadas por las Duplas de Género de la entidad. “El fin es hacer el abordaje, por medio de espacios institucionales, y seguimiento de los casos, con el propósito de solicitarles las debidas medidas de prevención y atención”, aseguró la institución de derechos humanos.
“Hay una necesidad de actualizar la política pública LGBTI”: Defensoría
Durante el 2023 la entidad, con las y los funcionarios de su Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, la Defensoría del Pueblo hizo seguimiento a 119 casos de violencia por prejuicio contra mujeres transgénero, de los cuales 47 estuvieron relacionados con barreras en el acceso a la salud y 48 hechos fueron de hostigamiento y violencia institucional por uniformados de la Policía Nacional.
Para la entidad, si bien el Gobierno nacional realizó en 2023 avances significativos y acciones para impulsar las voces LGBTI, es necesario actualizar las políticas públicas para proteger los derechos de esta población: “El Ministerio del Interior y la Dirección LGBTIQ+, adscrita al Ministerio de la Igualdad, deben cumplirle a la ciudadanía OSIGD-LGBTI en la actualización de la política pública LGBTI, garantizándole su participación en la construcción del plan de acción, sin vigencia desde el 2022″.
Además, ordenó a las entidades competentes hacerle seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas territoriales, con énfasis en acciones efectivas para la protección de las personas LGBTI, “en el Valle del Cauca, que está sin plan de acción desde el 2016, en Norte de Santander, Quindío, en San José del Guaviare, entre otros departamentos y ciudades, donde se cuenta con política pública, pero no se implementa por ausencia de recursos”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
Sobre la Mesa Nacional de Casos Urgentes
Así mismo, Camargo Assis le solicitó al Gobierno activar de manera inmediata las mesas técnicas y darle celeridad a la reglamentación de la Mesa Nacional de Casos Urgentes y al Sistema Nacional de Participación LGBTIQ+.
La entidad, justamente en la primera Mesa Nacional de Casos Urgentes le hizo un llamado al Ministerio del Interior para que revisara las dinámicas de trabajo de esta, la cual no sesionaba desde hace más de cinco meses.
Frente al contexto actual tan crítico de violencia, le pidió llevar a cabo de manera presencial y no virtual una sesión, resaltándole que el espacio cuenta con los documentos técnicos formulados para su aprobación desde agosto del 2023 y el apoyo de la Defensoría del Pueblo.
Llamado a la Unidad Nacional de Protección
La Defensoría también instó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a realizar e implementar los análisis de riesgo conforme al Protocolo de Valoración de Riesgos para lideresas y defensoras de derechos humanos pertenecientes a la comunidad LGBTI, disminuyendo los tiempos de respuesta entre el análisis y la implementación de medidas que puedan proteger su vida.
“Requerimos a todas las entidades para que sus actuaciones estén desprovistas de todo tipo de sesgos, y que sus funcionarias y funcionarios se abstengan de naturalizar el odio y el prejuicio contra la población OSIGD-LGBTI”, concluyó el defensor del Pueblo.
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