El 31 de mayo de 2023, una avalancha provocada por fuertes lluvias arrasó con las viviendas de 146 familias en el corregimiento de El Tarrita y destruyó gran parte de la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña (Norte de Santander).
A casi un año de este desastre natural, la Defensoría del Pueblo alertó por la grave situación que se sigue presentando en dicha zona, pues aún no han sido brindadas soluciones de fondo que permitan garantizar la vivienda segura, sostenibilidad económica y educación integral para los damnificados.
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La anterior situación se agrava teniendo en cuenta la época de lluvias por las que atraviesa gran parte del territorio nacional. Esto generó preocupación de las autoridades pues, “el inicio de la temporada invernal alerta una posible emergencia que podría poner en alto riesgo la vida de las comunidades, máxime que han venido retornando a la zona, debido a que este año no han recibido los apoyos para el restablecimiento de los derechos a una vivienda digna. Denuncian incumplimientos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”, señaló el defensor Carlos Camargo Assis.
El funcionario precisó que, en visita de inspección a la zona donde ocurrió el desastre natural, fueron las mismas comunidades del corregimiento El Tarrita y de Brisas del Tarra y de Ábrego, quienes manifestaron inquietud por un posible represamiento de tierra y roca en la parte alta de la montaña.
Por ello, la Defensoría solicitó al Instituto Nacional de Vías (Invías) ejecutar de manera efectiva las obras y proveer soluciones definitivas que garanticen el flujo permanente y seguro en la vía entre Cúcuta y Ocaña: “Son indispensables medidas definitivas que salvaguarden la vida y el bienestar de los habitantes de los lugares afectados”, puntualizó Camargo Assis.
Deserción escolar tras la avalancha de 2023
La Defensoría del Pueblo manifestó que los docentes que prestan sus servicios en el lugar les manifestaron a los funcionarios de la entidad que, como consecuencia de la avalancha, a mediados del 2023, alrededor del 50% de los estudiantes de la Institución Educativa El Tarra ha desertado.
“Esto ha puesto en situación de vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes en una región con fuerte presencia histórica de grupos armados ilegales. Por esta razón, reiteramos nuestro llamado a que todas las entidades trabajen de manera conjunta para que los menores de edad regresen a clases”, señaló el defensor del Pueblo.
De igual forma, la entidad defensora de los derechos humanos evidenció la ausencia de espacios físicos adecuados para su proceso de formación, recreación y deporte, así como del mobiliario requerido para su desempeño.
Por lo anterior, hizo un contundente llamado a las autoridades: “Exhortamos a la Alcaldía de Ábrego y la Gobernación de Norte de Santander a atender de manera inmediata las necesidades de niñas, niños y adolescentes frente al derecho a una educación integral y de calidad”, señaló Camargo Assis.
La avenida torrencial ocurrida a mediados de 2023, que generó el desbordamiento del río Tarra, acabó con el corregimiento El Tarrita y ocasionó grandes daños y pérdidas en las veredas Brisas del Tarra, Quebrada del Paramillo y El Remolino; destruyó en su totalidad 35 viviendas, siete puentes, vehículos y una de las instituciones educativas.
Las actuaciones que adelanta la Defensoría del Pueblo se enmarcan en su deber de proteger los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la libre locomoción, al mínimo vital y al trabajo de los habitantes de las regiones damnificadas por el desbordamiento de la laguna El Molino, ubicada entre los municipios de Villa Caro y Ábrego. Lo anterior, luego de que la entidad interpusiera ante el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ocaña un mecanismo de protección para hacer efectiva dicha garantía constitucional.
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