En la madrugada del sábado 27 de abril, en la provincia de Arauco, en occidente de Chile, tres miembros de la policía militarizada de Carabineros fueron asesinados y sus cuerpos incinerados dentro de un vehículo de esa institución, en una masacre que tiene consternada a la sociedad del país austral.
“Es atentar contra la patria entera”, señaló el presidente Gabriel Boric, luego de que se conociera del grave hecho de violencia.
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Los uniformados fueron hallados calcinados en una patrulla en una ruta de la localidad de Cañete, en límites con la ciudad de Concepción, por lo que fue necesario que se iniciara en la zona el resguardo militar ya que allí se denuncian ataques incendiarios constantes que se han atribuido a agrupaciones radicales de los indígenas mapuches que buscan la reivindicación de territorios que consideran ancestrales.
Los víctimas fueron identificadas como Carlos José Cisterna Navarro, Misael Magdiel Vidal Cid y Sergio Antonio Arévalo Lobo, cuyos restos fueron hallados por voluntarios de Bomberos.
Por ese casi que inusitado atentado, justo cuando los Carabineros festejaban su aniversario 97, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia enviaron un mensaje de condolencia al Estado chileno.
“El Gobierno de la República de Colombia se solidariza con el pueblo de Chile y con los familiares de los carabineros emboscados esta madrugada. Nuestro país hace un llamado para que hechos dolorosos como estos no se repitan nunca más (sic)”, publicaron en su cuenta oficial de la red social X.
Mientras que el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, también envió su pésame y anunció que dejaba a disposición de los chilenos investigadores para colaborar en el esclarecimiento de ese cruento hecho que enluta a la nación suramericana.
“Le expresa al general Ricardo Yañez, director de Carabineros de Chile, la solidaridad en estos momentos de inmenso dolor. Han sido asesinados cobardemente (...) 171.000 policías de Colombia a su lado y ofrecemos todas las capacidades de nuestra institución para dar con los responsables”, afirmó el alto oficial.
Las víctimas
El sargento primero Carlos José Cisterna Navarro, con 43 años de edad y 24 de servicio en la institución, fue uno de los uniformados víctimas de la masacre. Se le recuerda por ser figura respetada en la cuarta Comisaría COP de Los Álamos.
Padre de un niño de 6 años, dedicó una gran parte de su vida al servicio y protección de su país. Su trayectoria policial lo llevó a diversos destinos en La Araucanía y finalmente al de Bio Bío, donde estableció su hogar. En septiembre de 2016, se enfrentó a un ataque armado y su valentía fue reconocida por su profesionalismo.
En mayo de 2022, fue ascendido al rango de sargento primero y se especializó en estrategias y tácticas policiales para operaciones rurales, además de recibir formación en derechos humanos y técnicas de intervención policial.
Otro de los uniformado asesinados fue el Cabo Primero Sergio Antonio Arévalo Lobo, que con solo 34 años y 14 años de servicio, comenzó su carrera en la Quinta Comisaría de Quirihue y fue elogiado repetidamente por su profesionalismo y dedicación, especialmente en la detención de criminales y la recuperación de ganado robado. En 2022, recibió su último reconocimiento, consolidando así su trayectoria de valentía y servicio.
Finalmente también le arrebataron la vida al cabo Primero Misael Magdiel Vidal Cid, el más joven de los agentes asesinados el sábado, contaba con 30 años y 10 años de servicio como cabo primero. Inició su carrera en la 54ª Comisaría de Huechuraba y luego se trasladó a la Cuarta Comisaría COP Los Álamos en 2016.
Casado y padre de un niño de 3 años, en 2022 fue reconocido por su “alto grado de profesionalismo, eficacia, compromiso y entrega”, dejando un legado de dedicación a la seguridad pública en Chile.
Este ataque tuvo lugar la misma semana en que la justicia declaró culpable de “usurpación violenta de predio”, hurto y “atentado contra la autoridad” a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), grupo que ha reivindicado ataques incendiarios en la zona.
Llaitul enfrenta una posible condena de hasta 25 años de cárcel por estos delitos, y la sentencia será anunciada el próximo 7 de mayo.
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