
El pasado 23 de abril, el Ministerio de Minas presentó la resolución 40136, con la que pretende crear un Registro Único de Comunidades Energéticas (RUCE) en el país, siendo esta una de las apuestas principales del Gobierno para la transición energética. De este modo reglamentaría un decreto expedido a finales del 2023 con el que, mediante fuentes renovables como el sol y el viento, las personas lograrán producir su propia fuente energía.
En diciembre del 2023, el presidente Gustavo Petro había hecho esta promesa cuando escribió en su cuenta de X que personas, barrios, veredas, Juntas de Acción Comunal y organizaciones populares podrían instalar sus propios generadores “para abaratar el costo de la energía”.
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En este sentido, el propósito de una comunidad energética es que un grupo de personas gestione la instalación, operación y administre un generador de energía que logre cumplir con las necesidades de los hogares que integran el lugar. Desde noviembre de 2023, y hasta el pasado 17 de abril, el MinMinas habilitó un formulario en su página web para que se postularan proyectos en el país.
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Por lo tanto, el ministerio ha recibido 18.436 postulaciones y de ahí saldrán los proyectos seleccionados que entrarán finalmente al RUCE. Esto se dividirá en dos categorías: las Comunidades Energéticas Iniciales, cuando cumplen parte de los requisitos, pero por ahora no hay ninguna planta de generación en funcionamiento y las Comunidades Energéticas en Operación.
Sin embargo, aún quedan dudas sobre cuántas de las más de 18.000 comunidades podrán formalizarse. “Hay varios aspectos que generan preocupación: uno es cómo va a funcionar el tema tarifario, otro a qué tipo de competencia van a entrar las comunidades cuando se conecten al mercado energético”, dijo Kelly Basabe, coordinadora del proyecto Camino Hacia el Carbono Neutral (CHCN), que labora impulsando soluciones de transición energética en el territorio nacional.
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Por otra parte, el presidente Petro afirmó que se realizarían pruebas piloto de comunidades energéticas en cinco barrios de Barranquilla, ya que el propósito es solucionar el problema de las altas tarifas de energía eléctrica en el Caribe. Así, se implementarían paneles solares, puesto que el mandatario aseguró que sería gratis “porque el sol es gratuito”
De acuerdo con Santiago Ortega, director de Emergente Energía Sostenible y uno de los asesores del piloto de comunidad energética en El Salvador, Medellín, uno de los primeros en el país, las palabras de Petro no son del todo ciertas. Aunque el sol y el viento, por ejemplo, sí son gratuitos, construir una planta que pueda aprovecharlos es costoso. “La operación y el mantenimiento también valen”, señala el directivo.
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De este modo, el primer reto para conformar una comunidad es que un grupo de personas se pongan de acuerdo para pagar una tarifa mensual que garantice que el sistema realmente funcione, señala Ortega. Además, en caso de que requieran un crédito para la inversión inicial para construir la planta, también deberán pagar la cuota de esa deuda.
Por estas razones, algunos no ven con buenos ojos el plazo que le da la resolución de MinMinas a los grupos que desean ser parte del proyecto de comunidades energéticas, pero aún no tienen todos los componentes para entrar en operación. El informe señala que tendrán 12 meses, un plazo que se podrá prorrogar por seis meses más. Cumplido ese tiempo, “de no presentar la totalidad de los documentos requeridos, automáticamente se entenderá desistida la solicitud de registro”, indica el documento.
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Esto podría funcionar en el caso de Juntas de Acción Comunal, barrios o veredas que ya estén en procesos de organización previos. Pero, como afirma Daniela Luque, coordinadora de medios de CHCN también se necesita de un tiempo en el que la comunidad haga un proceso de apropiación sobre el funcionamiento completo del sistema, algo que es más complejo en organizaciones que recién empiecen a formarse. “Esos 12 meses se quedan cortos”, insiste.
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