Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, tampoco fue invitado a la posesión de Abelardo de la Espriella: no hay claridad sobre el futuro del tribunal

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, no fue invitado a la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, que se realizará este 7 de agosto en Cali.

Según la información del medio El Tiempo, la decisión marca un hecho sin precedentes desde la creación de la justicia transicional y evidencia la distancia entre el Gobierno entrante y el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado.

Desde que la JEP comenzó a operar en marzo de 2018, todos sus presidentes habían sido convocados a las ceremonias de transmisión del mando presidencial.

Ese año, el entonces presidente Iván Duque invitó a la magistrada Patricia Linares, mientras que en 2022 el presidente Gustavo Petro hizo lo propio con Eduardo Cifuentes Muñoz.

En esta ocasión, Ramelli quedó por fuera de la lista de invitados, en medio del debate que ha promovido el nuevo Gobierno sobre el futuro de la jurisdicción.

La ausencia del magistrado se produce cuando la JEP atraviesa una etapa clave de su funcionamiento.

Bajo la presidencia de Ramelli, el tribunal reporta más de 368 imputaciones contra máximos responsables del conflicto armado y ha emitido cuatro sentencias, mientras prepara otras tres decisiones que serían conocidas antes de finalizar el año.

La exclusión del presidente de la JEP coincide además con las reiteradas críticas que Abelardo de la Espriella ha hecho a la jurisdicción desde su campaña presidencial.

El mandatario electo ha manifestado que buscará revisar el funcionamiento del tribunal y ha planteado la posibilidad de impulsar su desmonte, aunque esa intención enfrenta importantes límites jurídicos.

La JEP fue incorporada al ordenamiento constitucional mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, por lo que no puede ser eliminada mediante un decreto presidencial. Cualquier modificación de fondo requeriría una reforma constitucional y estaría sujeta al control de la Corte Constitucional.

En esa línea, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, ha precisado que el Gobierno no promoverá una eliminación inmediata de la jurisdicción.

Según ha explicado, la intención del Ejecutivo será ejercer una vigilancia sobre su funcionamiento, revisar el manejo de los recursos públicos y evaluar los resultados alcanzados por el tribunal en materia de investigaciones y sentencias.

Ramelli ha advertido que cualquier cambio institucional debe tener en cuenta que el cumplimiento de las decisiones de la JEP depende en buena medida del respaldo del Gobierno nacional.

En una entrevista concedida al diario El País, explicó que las sanciones restaurativas contempladas por el sistema requieren coordinación con distintas entidades estatales para desarrollar proyectos en los territorios donde ocurrieron los hechos del conflicto.

El magistrado señaló que, si esa articulación no existe, la ejecución de las sentencias podría verse comprometida. “Si eso no se implementa, no se van a poder cumplir las sentencias. Y, ojo, ese incumplimiento no sería culpa nuestra: nosotros hacemos lo que nos corresponde”, afirmó.

Según Ramelli, la jurisdicción ha identificado, junto con el Departamento Nacional de Planeación, al menos 88 proyectos que podrían servir para ejecutar las sanciones propias impuestas a los comparecientes. Sin embargo, advirtió que esos programas aún requieren recursos y desarrollo administrativo para poder ponerse en marcha.

El presidente de la JEP también aseguró que intentó establecer un canal de diálogo con el mandatario electo antes del inicio de su gobierno. De acuerdo con sus declaraciones, envió cartas oficiales proponiendo una reunión para presentar el balance de la jurisdicción y explicar los avances alcanzados, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

“Hemos venido haciendo la invitación a conversar directamente; incluso enviamos una carta formal. Hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta”, señaló el magistrado.

Ramelli también ha insistido en que el modelo de justicia restaurativa no puede evaluarse con los mismos parámetros de la justicia ordinaria.

Explicó que cerca del 85% de los exmilitares comparecientes han reconocido su responsabilidad dentro de los procesos adelantados por la JEP, por lo que accederán a las sanciones restaurativas previstas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, al igual que los antiguos integrantes de las FARC que cumplen los requisitos establecidos por la ley.

La no invitación de Ramelli no fue la única ausencia destacada en la ceremonia de posesión presidencial. Tampoco fueron convocados el expresidente Juan Manuel Santos, el expresidente Ernesto Samper y la exsenadora Paloma Valencia.

En el caso de Santos, la decisión estaría relacionada con las diferencias del nuevo Gobierno frente al Acuerdo de Paz; mientras que De la Espriella confirmó públicamente que no invitó a Samper. Por su parte, Valencia aseguró que tampoco recibió una invitación para asistir al acto protocolario.