Caso carrotanques: exsubdirector de la Ungrd Sneyder Pinilla destapará corrupción en el Gobierno

En el epicentro de un escándalo de corrupción que sacude los cimientos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la misma entidad, asoma como la figura dispuesta a colaborar con la justicia, involucrando a congresistas y altos funcionarios del Gobierno actual en irregularidades millonarias.

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La adquisición de 40 carrotanques por un valor de 46.800 millones de pesos para abastecer de agua a poblaciones en La Guajira destaca entre los actos cuestionados por manejarse con sobrecostes y estar actualmente inoperantes, evidenciando una gestión plagada de corrupción que podría extenderse a otros proyectos como contratos para ollas comunitarias y adjudicaciones directas a congresistas.

Pinilla, que anunció que busca un preacuerdo con la Fiscalía, ha mostrado su disposición a detallar las irregularidades, nombres involucrados y las circunstancias que rodearon estas adjudicaciones. “Quiero contar la verdad, pero siento que no tengo garantías”, declaró a Semana, exponiendo los peajes personales que enfrenta al revelar información que implicaría a figuras poderosas del círculo político, incluyendo a funcionarios que se beneficiaron directamente de contrataciones y favores.

“Quiero contar la verdad, pero siento que no tengo garantías y temo por mi vida y futuro jurídico. Tengo el temor fundado de que solo quieren escuchar la información para proteger a los poderosos implicados para después dejar mis afirmaciones en los pasillos del olvido, donde se archivan muchos procesos. Como pasó con el señor Jorge Enrique Pizano en el caso Odebrecht. Yo ya abrí la boca y estoy en peligro”, le dijo Pinilla a Semana.

A pesar de los riesgos, Pinilla sostiene su compromiso con la verdad, pidiendo a cambio garantías de seguridad para él y su familia, así como un principio de oportunidad que le otorgue inmunidad completa. “No hay marcha atrás y claro que estoy solicitando un principio de oportunidad e inmunidad total”, afirmó, marcando la gravedad de su situación al compararla con casos precedentes donde las voces de delatores fueron silenciadas. Su determinación por colaborar con la justicia se mantiene firme a pesar del temor a represalias.

“Créame, para mí no es nada fácil delatar y contar la verdad, ser el sapo me pone en la mira. Esos señores serán mis enemigos toda mi vida hasta el día de mi muerte. Debo ser muy claro, no quiero suicidarme, no tengo agua con cianuro en mi casa. Si algo me pasa es responsabilidad de gente que hoy está en los poderes públicos. Ellos me quieren callar”, aseguró el exsubdirector.

Este escándalo no se limita a la compra de carrotanques, también incluye la gestión de un contrato de 23.000 millones de pesos destinado a la provisión de ollas comunitarias, entre otras adjudicaciones que, según lo indicado por Pinilla, favorecieron a congresistas y facilitaron la aprobación de reformas gubernamentales. “Soy un testigo valioso para la verdad que el país reclama”, sostuvo, providenciando así un contexto más amplio de corrupción que supera el caso puntual de los carrotanques, y que pone en evidencia una red de contrataciones y beneficios cruzados engranada a los más altos niveles.

“Soy un testigo valioso. Testimonios como el mío, evidentemente, les interesarán a las verdaderas cabezas, que al final del día nos utilizan y hoy buscan cómo opacarnos. Y sí tengo miedo, y sí me tiemblan las piernas, pero para resolver su pregunta, estoy convencido de que mi camino es colaborar con la justicia y decir toda la verdad. Espero que la Fiscalía no se venga en mi contra, me mamen gallo con el principio de oportunidad o les dé por perseguirme de forma salvaje y vengativa. Contaré los nombres de sus protagonistas; examigos que hoy seguro me odian porque decidí romper mi silencio”.

Desde su posición clandestina, Pinilla ha extendido un llamado de atención sobre la profunda corrupción incrustada en la Ungrd, cuestionando además la efectividad de las instancias judiciales y de fiscalización, criticando la posible inacción o maniobras para proteger a los implicados. En este marco, su caso emerge como un desafío directo a la capacidad del sistema de justicia colombiano para procesar y sancionar las faltas contra la administración pública, marcando potencialmente un punto de inflexión que obligaría a un escrutinio más profundo de las prácticas gubernamentales y contractuales.